Por Ernesto Piedras
Se han cumplido ya tres años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Este novedoso corpus institucional y legal busca la materialización de los objetivos añejos y a la vez evasivos para este sector, al menos evasivos en nuestro país: la competencia efectiva como mecanismo para la maximización del bienestar del consumidor.
¿Qué avances y efectos ha alcanzado esta reforma? En el corto plazo, hemos sido testigos de la conformación de nuevos entes institucionales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tribunales especializados y el Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel); la entrada y consolidación de operadores en diversos segmentos; el ejercicio de recursos para el desarrollo de infraestructura; la disminución de tarifas al usuario final; la eliminación de la larga distancia e itinerancia nacional; así como el apagón de las señales de televisión analógica.
En términos cuantitativos, lo anterior refiere a una disminución de precios en el periodo de vigencia de la reforma de 22.6%, a ahorros para los bolsillos de los consumidores de alrededor de 20,000 millones de pesos al año por la eliminación de cargos de larga distancia nacional y de 3,000 millones de pesos por la desaparición del roaming nacional. Así también, sus efectos generaron una inversión privada en telecomunicaciones que asciende a 164,000 millones de pesos, durante estos tres años, y una Inversión Extranjera Directa (IED) que se calcula en 2,712 millones de dólares, en el último año.
En cierto grado, las métricas de este desempeño son atribuibles a los efectos inducidos por este renovado corpus legal y regulatorio. Sin embargo, amerita ser reconocida también la fuerte contribución de la estrategia e ímpetu comercial de los jugadores competidores, impulsada principalmente por la incursión de AT&T en el mercado móvil en México. Todo suma.
Indudablemente, estos efectos positivos son consecuencia de la puesta en marcha de la reforma y de la posterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No obstante, la asignatura pendiente es y sigue siendo la competencia efectiva en los mercados que conforman este sector convergente.
A estos tres años, no hay evidencia que respalde una reconfiguración y balanceo de mercado frente a la excesiva concentración que ostenta el agente económico preponderante en telecomunicaciones. Es un hecho que se ha detonado una dinámica de mercado a favor de los operadores competidores, pero ha sido insuficiente para reducir la participación de mercado del preponderante, objetivo central de la reforma. Incluso, al interior del órgano encargado de la promoción de la competencia efectiva, Ernesto Estrada, comisionado del IFT, reconoce que en el balance positivo de acciones y efectos de la reforma, escasamente se registran avances en esa materia, fundamental para el desarrollo eficiente de los mercados.
La disminución de precios y los incentivos a la inversión que se identifican actualmente sin duda constituyen una ganancia a favor de la competencia. No obstante, son producto de la intervención regulatoria, por ejemplo, a partir de la eliminación de los cargos de interconexión a favor de los operadores competidores, y no resultado de la dinámica de mercado por sí misma.
La tarea pendiente que tiene el regulador es, precisamente, la gestación de competencia efectiva. La política pública y regulatoria sectorial se compone de este pilar y sólo a través de su ejecución eficaz, se puede asegurar la materialización esperada de efectos y promesas de la reforma constitucional, que hoy es preferible por mucho, ante el escenario pretérito de pasividad e ineficacia regulatoria.
vía El Economista