Por Gabriel Sosa Plata
CIUDAD DE MÉXICO — Una campaña informativa para inhibir la instalación de estaciones de radio ilegales fue lanzada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero su contenido ha generado una intensa polémica.
“Se busca por robo” es la frase que acompañó esta estrategia de comunicación que se divulgó en prensa escrita. En radio también se transmitieron spots en los que se recrea el diálogo entre un hombre que busca colocar anuncios en una radiodifusora, pero que es advertido por una mujer que quizás es una estación ilegal.
“Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito”, advierten los anuncios del Instituto. “Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”.
La campaña busca evitar interferencias entre las radiodifusoras legalmente establecidas, garantizar la libertad de expresión de los radiodifusores y el derecho a la información de las audiencias. Sin embargo, hay otros elementos que se escaparon al IFT.
Para la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y otras organizaciones sociales, como Redes A.C., esta campaña “contiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos”.
Dijeron que si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su artículo 298 establece que la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización constituye una infracción, “no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo”.
“Es más”, dijeron, “la sanción prevista en el artículo 305 de la ley, que se refiere a la pérdida en beneficio de la nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones, infringe el segundo párrafo del artículo séptimo constitucional, pues en ningún caso pueden secuestrarse bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito”.
Para estas organizaciones, otra ley, de Bienes Nacionales, que también tipifica como delito el explotar frecuencias del espectro radioeléctrico sin la concesión correspondiente, ha sido utilizada “para tratar de inculpar a comunicadores comunitarios” y “criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), que preside Adriana Solórzano, también se pronunció en contra de la campaña porque criminaliza a los medios comunitarios.
A través de un comunicado, la AMDA recordó que la LFTR de 2014 reconoció por primera vez a los medios comunitarios, a través de las concesiones de social. No obstante, este logro “se ve opacado y pierde su sentido si el órgano regulador en lugar de fomentar y apoyar su creación y regularización se dedica a inhibir y a amenazar”.
En entrevista a Radio World América Latina, Solórzano dijo que otro argumento para manifestarse en contra de la campaña es que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, ha establecido que el incumplimiento de la ley, particularmente en materia de radio y televisión, “no debe ser sujeto al derecho penal, es decir, los supuestos infractores no deben ser llevados a la cárcel, como lo establece el marco jurídico en México, en actividades relacionadas con la libertad de expresión”.
En efecto, en los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, publicados en 2009, se dice que “en diversas oportunidades la CIDH y la Corte Interamericana han advertido que resultan sumamente gravosas para la libertad de expresión las respuestas que establezcan sanciones penales”. Y agrega: “En tanto existan medidas alternativas y menos restrictivas de la libertad de expresión que la previsión y tipificación penal de conductas que impliquen la violación de la regulación sobre radiodifusión, éstas no deberían dar lugar a respuestas de tipo penal”.
La misma Relatoría para la Libertad de Expresión, luego de una visita que hizo a México en la que conoció casos muy delicados de criminalización por la instalación de radios comunitarias en 2009, expuso en su informe que reitera la obligación de las emisoras comunitarias de operar de acuerdo a las leyes, “pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal”.
En defensa de esta campaña, se encuentra la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Un senador afín a los intereses de esta organización empresarial, Javier Orozco, dijo en su colaboración en Milenio Diario (11 de abril 2016) que esta campaña se encuentra entre “las pocas cosas que el Ifetel ha hecho por el bien de la radio”.
Orozco afirma que la instalación de estas emisoras tiene “efectivos negativos” graves. “Cometen un delito federal; han sido utilizadas para actos delictivos; afectan al erario, pues no pagan impuestos; perjudican con interferencias y venta de publicidad a las estaciones legales; y transgreden el sistema político-electoral, al ser utilizadas en beneficio de candidatos y partidos, sobre todo de izquierda”.
Dijo que es un problema cíclico que se ha combatido desde la década de los 90, con la coordinación de varias dependencias federales, pero “fueron toleradas durante los gobiernos panistas, incluso recibían ayuda oficial para ‘regularizarse’”.
A su vez, el IFT dijo que la campaña tiene la finalidad de perseguir a las estaciones ‘piratas’ y no de las estaciones sociales comunitarias o indígenas.
“Es claro el tipo de estaciones que estamos buscando; en ningún momento hablamos de las comunitarias ni de las indígenas sino de las piratas e ilegales. El IFT no busca ‘golpear’ a organizaciones civiles”, dijo Edgar García Turincio, coordinador general de Comunicación Social.
El funcionario dijo a Radio World América Latina que pese a la oposición de la campaña, ésta tendrá una segunda etapa que consiste en continuar el monitoreo para desmantelar las estaciones ilegales, pero a la vez se exhortará a quienes impulsan proyectos realmente comunitarios e indígenas para que se acerquen al regulador y se informen sobre cómo podrían regularizarse.
Y a la par de la campaña, el IFT en conjunto con las autoridades federales trabaja en el desmantelamiento de emisoras ilegales. Por ejemplo, el 19 de marzo la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un operativo contra cuatro radios comunitarias en la región de la Mixteca de Oaxaca.
El periodista Renán Martínez informó que “personal encapuchado” detuvo a personas que no tenían relación con las emisoras. Fue el caso de Heriberto Hernández, indígena triqui de San Martín Itunyoso de 22 años, quien rentaba un cuarto donde se ubica “La Tlaxiaqueña” ajeno a la emisora; y de Héctor Cruz, mixteco de 34 años de edad, quien efectuaba la limpieza en “La Perla de la Mixteca”.
Otra emisora cerrada es “La Máxima”, la cual producía el noticiario “Máxima Noticias” en el que colaboraban periodistas comunitarios y que se enlazaba con las radios comunitarias de, al menos, siete comunidades. “Sin duda, uno de los medios de información de mayor alcance para las comunidades indígenas de la región Mixteca”, dijo Martínez en un artículo publicado en Enfoque Oaxaca.
De acuerdo con estimaciones no oficiales, en el país operan entre 200 y 300 estaciones ilegales.
Gabriel Sosa Plata es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y periodista, que contribuye regularmente con artículos para Radio World desde México.
vía Radio World