Por Federico González Luna Bueno
El pasado viernes 15 de julio se anunció por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que en la licitación de la denominada Red Compartida nuevamente se recorrerán los plazos en, al menos, 45 días. Mala noticia para un proyecto de por sí difícil y cuestionado.
La explicación oficial del retraso se basó en que se debían atender las solicitudes de los interesados para que “cuenten con más tiempo para avanzar en los trámites necesarios para el cierre del financiamiento, así como para que estructuren, propongan y negocien sus instrumentos de deuda”.
En pocas palabras, se busca apoyar a los interesados para que existan instituciones financieras que fondeen un proyecto cuyas inversiones rondan, al menos, los 7 mil 500 millones de dólares.
Lo interesante -y preocupante- del caso es que la SCT intervenga para estimular condiciones de inversión en un proyecto que, por sí mismo, debiera ser suficientemente atractivo para inversionistas y bancos.
Hablando de estímulos, incluso se ha mencionado que las autoridades han considerado, en particular el IFT, aplazar indefinidamente la licitación de la banda de 2.5 GHz para generar artificialmente demanda sobre la Red Compartida (que opera a su vez en la banda de 700 MHz).
Es decir, restringir la disponibilidad de un bien en el mercado para que suba artificialmente la demanda por otro bien equivalente. Queremos pensar que siquiera el considerar tal aplazamiento no es real.
Lo que sí lo es, es que tantas vicisitudes de la Red Compartida a lo largo de varios años (debió empezar su instalación en diciembre de 2014) hacen que el momento sea propicio para revisar integralmente el modelo. Ello, aunado a las continuas reducciones presupuestales del Gobierno Federal y las condiciones del entorno internacional, como el Brexit y la reducción del precio del petróleo.
De acuerdo con el Reporte Global de Tecnología 2016 del Foro Económico Mundial, México descendió de la posición 69 a la 76. Una buena manera de recuperar el terreno perdido es seguir modelos probados y conocidos en todo el mundo.
Nadie acaba por entender el diseño de la Red Compartida, ni en México ni en el extranjero. Enfrenta cuestionamientos a su diseño regulatorio, falta de interesados, dudas sobre el financiamiento, así como posibles y difíciles desacuerdos con Estados Unidos (ya que ciertas porciones de la banda 700 se usan para fines militares).
Ningún país entre los más avanzados en cuanto a la prestación de servicios móviles de telecomunicaciones para su población, ha apostado por un modelo consistente en crear un ente público-privado que administre la banda de 700 MHz.
La licitación abierta al mercado de la banda 700 permitiría que tales frecuencias se monten en las redes existentes e inicie su uso de manera acelerada, sin necesidad de crear otra red nacional de telecomunicaciones móviles, cuyos recursos podría destinar el país a otros fines, tales como carreteras, educación, salud, etc.
Lo más lógico, sencillo y práctico es que esa banda se licite y aproveche su plena capacidad tecnológica, comercial y financiera, donde se impongan serias condiciones de cobertura social a los licitantes ganadores, además de efectivos mecanismos de supervisión y revocación de concesiones.
Quizá la diferencia entre los países que alcanzan el desarrollo y los que no lo logran reside en la forma en que sin necesidad se hacen complicadas las soluciones a los grandes problemas nacionales.
vía El Financiero