Por Gerardo Soria
Hace ya varios años escribí un artículo con este mismo título, y hacía referencia a nuestra tara cultural para hacer cumplir la ley. Desde los primeros años de la colonia española, la realidad y el derecho se divorciaron, aparentemente de manera irremediable. Grandes humanistas como fray Bartolomé de las Casas convencieron a la Corona de que los indios no debían ser esclavizados en las encomiendas con el pretexto de su conversión al cristianismo, y se emitieron una serie de leyes, que en el papel, les garantizaba protección. No obstante, la realidad de una tierra recientemente arrasada por los conquistadores, su pretendido derecho al botín y unas exiguas arcas públicas pronto hicieron que las autoridades de la Nueva España simplemente omitieran el cumplimiento de aquellas leyes. Desde entonces, la relación de nuestras autoridades con la ley ha sido contradictoria: formalmente debe acatarse, pero si la realidad complica su ejecución, entonces, simplemente no se cumple.
Como puede ver usted, este tipo de comportamiento de las autoridades es preocupantemente actual. El presidente Peña Nieto apostó todo su capital político para sacar unas reformas de altísima trascendencia que trastocaban, para bien, los arraigados intereses de diversos grupos de poder, desde la burocracia enquistada en Pemex y la CFE hasta la aguerrida CNTE, pasando por uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, como en la época colonial, los beneficiarios del viejo orden han logrado que las reformas estructurales no se cumplan a cabalidad y han fomentado un peligroso discurso que minó la autoridad del promotor de las reformas y, por lo tanto, de las propias reformas.
Hoy, las autoridades encargadas de ejecutar las reformas están temerosas de cada paso que dan. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero la reforma educativa es letra muerta. El secretario de Educación ha sido relegado por subsecretarios de Gobernación en una negociación que parece duelo de sordos. Al bloqueo de carreteras, y la privación ilegal de la libertad de funcionarios públicos se contesta con declaraciones vanas que ya carecen de todo significado. A las reformas para combatir la corrupción se les restringe el presupuesto, como pretendiendo que nunca alcancen su objetivo.
La reforma energética ha entrado en colisión con la de telecomunicaciones. La CFE, ahora empresa productiva del Estado con una vocación netamente mercantil, pretende conseguir ingresos de todas las fuentes posibles, incluso incrementado hasta el doble el precio que pagan los concesionarios de telecomunicaciones por el uso de sus postes. La Secretaría de Hacienda propone que se elimine de la Ley Federal de Derechos la contraprestación de 69.56 pesos por año por cada poste que se utilice para llevar telecomunicaciones a los usuarios, y pretende transferir la atribución de fijar el precio a la Comisión Reguladora de Energía, cuyo objetivo no es el fomento de las telecomunicaciones sino del sector energético. En los Estados Unidos esta atribución le corresponde a la Federal Communications Commission, el equivalente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Por su parte, el IFT dice que el agente preponderante en telecomunicaciones, América Móvil (Telmex y Telcel), ha cumplido con todo lo que le han pedido, pero evita manifestarse sobre la efectividad de las medidas impuestas. De su último reporte se desprende con claridad que ninguno de los competidores importantes de América Móvil ha aprovechado la regulación asimétrica, y esto no se debe a una falta de interés, sino a la falta de incentivos. Las ofertas públicas de referencia de América Móvil para uso de su infraestructura pasiva, roaming nacional y desagregación de su red local contienen condiciones técnicas y económicas que constituyen verdaderas barreras de acceso. El IFT ha ido eliminando poco a poco la asimetría entre operadores establecida en la reforma.
Es a través de pequeñas omisiones o verdaderas simulaciones como autoridades subalternas han ido minando los beneficios de las reformas estructurales por temor a enfrentarse con los beneficiarios del viejo orden y, mientras tanto, la silla del águila se queda cada día más sola.
vía El Economista