Por Katia D’Artigues
Podría ser el próximo 7 de noviembre, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán someta a discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un dictamen controvertido. Es la acción de inconstitucionalidad que promovieron tanto el PRD (en tiempos de Agustín Basave) como Morena (siempre de Andrés Manuel López Obrador) sobre una ley que reglamenta el “derecho de réplica” a medios de comunicación. Un tema de libertad de expresión.
¿Qué es el derecho de réplica? Es cuando una persona puede responder a un medio de comunicación cuando algo de lo que publicó le parece que está mal, en pocas palabras. La ley que se publicó en noviembre de 2015 establecía, ensuartíeculo 3, esto:
“Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio”.
Darán –al menos eso dice una larga nota de EL UNIVERSAL que tuvo acceso al proyecto que no es público aún– estaría a favor de dar el derecho de réplica (en esta ley que reglamenta el Artículo 6 Constitucional) no sólo cuando se trate de “información inexacta o falsa” sino con cualquier tipo de información… aunque con un candado: sólo se procedería y sancionaría cuando se publique información inexacta, falsa, que vejen o sea agraviante (que humillen, injurien a la persona en cuestión), tal y como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo interesante también de la resolución del ministro gira en que, en tiempos electorales –¿será que ya vislumbran cómo vienen las campañas presidenciales de 2018?– y cuando se trate de esto las resoluciones en torno a información publicada, se tomarían en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por citar un ejemplo, ¿qué pasaría con toda la información falsa que se ha vertido en contra de AMLO? ¿El presunto auto de lujo de su hijo, su casa en Las Lomas o hasta su presunta ebriedad al hablar de El Quijote en el Festival Cervantino?
Coincido con Jorge Islas en su artículo El derecho a decir la verdad publicado ayer en EL UNIVERSAL. Antes que leyes que pudiera parecer que atentan en materia de libertad de expresión, debemos pensar en mecanismos internos de autorregulación –no de censura previa– en los medios de comunicación, como lo han hecho Estados Unidos e Inglaterra. Incluso en común acuerdo entre autoridades medios de comunicación y sociedad.
Sí, suena bien. Lo malo es que no lo hemos hecho como medios y me refiero a un esfuerzo gremial, contundente, más allá de esfuerzos de algunos en particular. Conozco hasta medios (no en el que escribo esto) que tienen un código de ética ejemplar que regula todo esto, pero no es un documento público. ¿Así cómo? Sin duda hace falta reforzar los mecanismos internos en materia de ética entre medios electrónicos, impresos y también los digitales.
Por ejemplo, en Canal Once, en materia de autorregulación de sus contenidos se tiene la figura de Defensor de la Audiencia. Se tienen 8 códigos en esta materia para sus contenidos, tanto de sus programas, por ejemplo para Diálogos en Confianza, como para sus contenidos en internet.
Canal 22 cuenta con su propio Código Deontológico. En MVS, durante la etapa en que Carmen Aristegui encabezaba el noticiero matutino se creó la figura de ombudsman-defensor de la audiencia, figura que desapareció en agosto de 2015, después de los conflictos internos con la periodista.
¿Sabe cuántos medios de comunicación, de más de 3 mil, en el país tienen su propio código de ética? Unos 34, entre ellos, EL UNIVERSAL, según documentó hasta 2013 Ornar Raúl Martínez en la Revista Mexicana de Comunicación.
Hay que aceptar que tenemos un atraso sustancial con respecto a otros países y que también tenemos que dar, y desde hace tiempo, un debate pendiente: cuáles son los límites, si los hay, con la libertad de expresión. Propongo uno: la frontera con otros derechos, sobre todo el de la no discriminación. Hay más.
Por citar un ejemplo, en el sitio de internet EthicNet se pueden consultar los 62 códigos de ética de 46 países europeos: http://ethicnet.uta.fi/
Ayer Guillermo Padrés faltó a la audiencia programada con la Comisión Anticorrupción del PAN, que preside Luis Felipe Bravo Mena. Vía una cartita expresó que no acudiría “so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos espurios”. Fíjese nomás.
En el PRI, hoy está citado Javier Duarte ante la Comisión de Justicia Partidaria donde analizarán su expulsión. La gran pregunta es si el gobernador con licencia se presentará.
En la edición on line, la honestidad valiente (a la poblana) de AMLO y el TUCRI panista.
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vía Especialistas