Equilibrio, no control partidista

Instituto Federal de Telecomunicaciones Noticias

Por Javier Orozco Gómez

En el Congreso de la Unión se avecinan semanas de decisiones de impacto económico, desde la Ley de Ingresos –que comenzará mañana su debate en Cámara de Diputados– hasta los nombramientos pendientes que existen.

Esta función legislativa –motiva la reflexión– si bien está pensada para lograr equilibrio entre poderes y compartir responsabilidades en la integración de órganos del Estado, la praxis política ha llevado a la repartición de cuotas entre partidos en algunos nombramientos; este aspecto desanima a la población y desalienta la inversión del empresariado.

Bajo ese entorno, el Senado tiene la carga más pesada, ya que tiene en puerta la ratificación de un comisionado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. No resulta menor la elección de los siete magistrados del Tribunal Electoral y quedan aún pendientes las designaciones del Secretario de la Función Pública, del Fiscal Anticorrupción y del General de la Nación.

La deliberación y decisión que tomen los senadores tiene una gran importancia: por un lado, comisionados que pertenecen a dos órganos reguladores que toman decisiones y rigen al sector empresarial; mientras que en la parte comicial, significa la estabilidad política del país al ser la Sala Superior la máxima instancia de justicia electoral y en sus manos está la declaratoria de validez de la elección del próximo presidente de la República.

Ambas determinaciones toman especial relevancia en un momento en que el entorno económico no es del todo favorable y han comenzado a moverse las aguas en el ámbito político, con miras a la sucesión presidencial.

En síntesis, esta función de control del Poder Legislativo implica una interacción entre Senado con el Ejecutivo (por nombramiento de Comisionados) y con la Corte (por magistrados electorales); por lo que, con su aprobación –de ser el caso– implica un equilibrio entre Poderes, por ello, no sería valido la intervención partidista.

Se requiere un órgano legislativo deliberativo, que piense en el interés general y no particular. Y esta es la oportunidad.

 

vía Milenio

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