Por Gerardo Soria
Entre los temas importantes que deben ser atendidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hay dos que, en mi opinión, no han sido reconocidos en toda su magnitud. El primero es el estrangulamiento de la interconexión por parte de Telmex y, el segundo, las presiones que el gobierno de Trump ejercerá sobre el proyecto de la Red Compartida en la banda de 700 MHz, sobre todo en los estados de la frontera norte.
Hace cerca de dos años, el IFT, de manera correcta, ordenó la interconexión entre todos los operadores a través del protocolo IP, como alternativa a las troncales tradicionales que han operado desde los años noventa del siglo pasado. Este cambio era necesario dado el avance tecnológico. Evidentemente, la migración a la nueva tecnología del tráfico intercambiado entre las redes no es algo que pudiera darse de la noche a la mañana y es natural esperar un periodo de transición razonable.
El problema es que a casi dos años de que el IFT ordenó la migración, la interconexión entre los operadores está en el peor de los mundos: las troncales tradicionales de Telmex están saturadas y Telmex no ha invertido en los nuevos equipos y tecnología de interconexión IP con la velocidad que se requiere para no estrangular el tráfico entre las redes. Este estrangulamiento del tráfico es una de las prácticas más comunes de los agentes dominantes para inhibir la competencia y desprestigiar a los competidores.
Dado que el preponderante América Móvil, a través de sus subsidiarias Telmex y Telcel, detenta alrededor de 70% del tráfico, siete de cada 10 llamadas son dirigidas a números de Telmex o de Telcel, y si la infraestructura de interconexión es escasa existen altas posibilidades de que las llamadas no se puedan concretar.
Evidentemente, el cliente de un competidor atribuirá esta deficiencia en el servicio al operador que tiene contratado y no le pasará por la cabeza que, en realidad, el responsable es Telmex.
En los reportes que el IFT ha publicado sobre el cumplimiento de Telmex a la regulación aplicable, llama la atención el candor con el que afirma que Telmex no le ha negado expresamente la interconexión o servicios colaterales a ninguno de sus competidores. Es de una inmensa ingenuidad pensar que los operadores dominantes niegan servicios de manera expresa, lo que más les conviene y lo que siempre hacen es entorpecer y retrasar la interconexión y los demás servicios que por ley están obligados a prestar a sus competidores, y esto es precisamente lo que está haciendo Telmex. Corregir estas prácticas es la razón de ser de los órganos reguladores en el mundo, aunque parece que el IFT aún no lo entiende.
En otro orden de ideas, éramos muchos y parió la abuela. Si mal no recuerdo, desde el 2012 llamé la atención sobre la desafortunada decisión de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, que adoptó el estándar asiático para la explotación de la banda de 700 MHz a través de lo que después se convirtió en el proyecto de la red compartida mayorista. Desde entonces señalé los riesgos que asumiría el país al adoptar un estándar tecnológico distinto al que opera en los Estados Unidos y Canadá, sobre todo a lo largo de nuestra frontera norte, ya que parte de la banda de 700 MHz se utiliza en la Unión Americana para sistemas de seguridad nacional. También, desde entonces, señalé los rumores que había sobre aparentes acuerdos con proveedores chinos para comprarles la tecnología que utilizará la red compartida. Estos rumores parecen confirmarse con la participación del China México Fund que capitalizará al ganador de la licitación de la red compartida.
Ahora, a cuatro años de distancia, expertos como el doctor Enrique Melrose del ITAM hablan de las posibles interferencias que la red compartida puede causar a los equipos de seguridad nacional de los Estados Unidos y prevén conflictos con la administración Trump por el uso de equipos chinos que ya en varias ocasiones han sido cuestionados por presunto espionaje. El horno no está para bollos ni la complicada relación de México con los Estados Unidos necesitaba un problema más.
Vía El Economista