Por: David Páramo
Los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión cumplirán con la ley como siempre lo han hecho.
Los lineamientos que según pretenden proteger a las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que entrarán en vigor este febrero son, como he sostenido en esta columna, una verdadera equivocación, puesto que van mucho más allá de las atribuciones que tiene este organismo y, lo más grave, generan incentivos para la censura en detrimento del derecho de quienes ven televisión o escuchan radio a estar informados de una manera democrática.
Fuentes vinculadas con el diseño de estos lineamientos aseguran que en su construcción había verdaderos ayatolas que están clara y abiertamente en favor de la censura. El viernes, la comisionada Adriana Labardini dio una entrevista a un programa de radio en el que poco le faltó para pedir que el IFT (que no puede regular contenidos por ley) construyera una pira para quemar en leña verde a los que no opinaran como ella.
En este espacio le hablé del pésimo trabajo que realizó María Lizárraga, titular de contenidos y medios audiovisuales del IFT, al crear los lineamientos donde, entre otros errores, se copia al modelo inglés que corresponde a medios públicos.
Quizá esta a penas mediana funcionaria no es tan responsable de lo que sucedió. Al interior del IFT se habla de grandes presiones entre fundamentalistas como Labardini que, según parece, ya salieron del clóset para mostrar su verdadera cara, y otros quienes buscaban la interpretación menos mala de lo aprobado por los legisladores.
De hecho, hay quienes hablan en términos de lo que proponían algunos escondiéndose en la consulta pública, como si fueran vinculantes las opiniones o se ponderaran de acuerdo con un criterio científico o, en sus traumas, en contra de la libertad de expresión, en contra de quienes terminaron perdiendo.
Los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión cumplirán con la ley, como siempre lo han hecho, a pesar de disposiciones absurdas en su contra como las aplicadas en la década pasada sobre los tiempos de los partidos políticos, que van en contra de la democracia.
Sin embargo, será indispensable que los medios de comunicación presenten acciones de inconstitucionalidad. Es el único camino para evitar estos lineamientos que asumen atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Gobernación; van en contra de las audiencias al darse el derecho de ser quienes determinen qué es oportuno y veraz; establecen sanciones extralegales y, en suma, atentan contra el interés de los consumidores de medios de comunicación.
Hay quienes hablan en términos de la continuidad o no de algunos miembros del pleno del IFT, pero la realidad es que la forma, en ese casi sí democrática, del IFT permite que se impongan visiones obtusas, como la de Labardini, que son seguidas por empleados apenas menores en contra del mejor interés de los mexicanos.
Que sea el Poder Judicial el encargado de resolver este grave asunto no únicamente contra los medios de comunicación sino, más importante, en contra de democracia.
Vía: Dinero en Imagen