El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), Héctor Martínez, afirmó que únicamente 30 por ciento de los 4.6 millones trabajadores que el Inegi registra bajo un esquema de subcontratación u outsourcing serán beneficiados con el nuevo esquema que aún está en discusión en el Congreso.
De hecho, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la determinación de su partido para aprobar esta semana las reformas en materia de outsourcing y a la Ley de Hidrocarburos, al ser consideradas como prioridad de su bancada antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.
El pasado 5 de abril, dirigentes sindicales, empresariales y gobierno acordaron la permanencia de la subcontratación regulada (como los honorarios o asimilados a salarios), mayores días en el reparto de utilidades (PTU), así como cumplir al 100 por ciento los derechos de los trabajadores del país.
De modificarse los contratos de outsourcing tradicional, “10 por ciento se quedará sin trabajo, suena que es poco, pero de 4.6 millones, son 460 mil. En tanto que 60 por ciento estarán migrando a mercados informales, y solo 30 por ciento (un millón 380 mil) serán los que van a contratar de base”, afirmó Martínez, también director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
Sobre esto, el directivo de la Amech explicó que absorber todo ese personal en las nóminas por parte de las empresas, no solo es un tema administrativo, sino que implica costos financieros, por lo que 60 por ciento de los trabajadores corre el riesgo de caer en la informalidad.
Explicó que la propuesta de topar las utilidades hasta tres meses implicará 25 por ciento de costos adicionales a las empresas por cada trabajador regularizado, lo que se traducirá en que los empleadores analicen la viabilidad de cumplir este requisito con todos los subcontratados.
“Si se deja la opción de que esas personas se puedan contratar por honorarios o asimilados a salarios, lo que puede ocurrir es que el empleador opte por la menor carga patronal. Una persona registrada en el IMSS ya cuesta de 25 a 30 por ciento más que su salario, dependiendo del grado de riesgo; con esto el sobrecosto será de 50 por ciento”, argumentó Martínez.
Para la especialista y socia en Baker McKenzie, Javiera Medina, uno de los puntos más importantes del acuerdo es que al permitir la subcontratación de servicios especializados, el reto para las empresas es identificar cuáles pueden ser éstos, porque la redacción puede dar lugar a interpretaciones.
Un punto a favor es que las empresas ya no podrán operar sin trabajadores, ya que la mayoría de las grandes firmas abusaban de este esquema, por lo que el costo sólo será la transferencia del personal y administración de la nómina, y esto dependerá del número de empleados que tengan.
Medina agregó que un tema importante, es que aquellas firmas que no cumplan tendrán multas mucho más altas, “que pueden ir desde los 22 mil 400 pesos, hasta los 448 mil, son cargos muy cuantiosos que se deben evitar, y por eso dieron tres meses de acondicionamiento de las empresas para cumplir”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Fernando Yllanes, indicó que en el acuerdo se estableció que en el Seguro Social las empresas podrán pasar a los trabajadores subcontratados a las empresas principales a través de la figura de la sustitución patronal.
“Aunque en realidad no habrá una sustitución patronal, porque para tenerla habría que existir transición de activos, y en este caso no hay”, aclara Yllanes.
“Pero para ese procedimiento, hay que tener convenios ratificados ante la autoridad laboral, y estando en la etapa de transición de las juntas a los nuevos tribunales, eso es muy complejo hacerlo, entonces se debe buscar un acuerdo adicional para facilitarlo”, destacó el especialista de la Concamín.
Pymes, las más afectadas
Manpower Group afirmó además que serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) las más afectadas por la prohibición de la subcontratación de personal en los ramos especializados, ya que administrar todo ese tipo de empleos es complicado y requiere muchos procesos.
Señalo que ante la próxima discusión de la iniciativa, el lapso de implementación, de tres meses de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe ser alargado por lo difícil que resultará para las empresas, en especial las pymes, adaptar sus sistemas de administración.
De acuerdo con el Inegi, en total las empresas medianas, pequeñas y micro tienen una participación en el subcontratación de 53.2 por ciento (medianas, con 31.2; pequeñas 17.6 y micro 4.4 por ciento).
Indicó que el mundo va en sentido contrario a México, mientras el panorama internacional aboga por mayor flexibilidad para la generación de empleo formal, en nuestro contexto nacional se está restringiendo.