Aunque Telmex presentó a destiempo su solicitud de refrendo y no ofreció pruebas de explotación del espectro, el IFT le renovó sus títulos para no desconectar a 3,835 comunidades rurales que tienen en esa empresa su única línea de comunicación con el mundo.
El IFT decidió renovar una tanda de concesiones en la banda de 400 MHz a Teléfonos de México para la prestación de servicios de telefonía fija inalámbrica local y de larga distancia, así como de Internet con cobertura en 134 áreas de servicio local o ASLs.
Pero en su resolución el regulador cuestionó una serie de factores que involucran a Telmex, a la SCT y a la legislación anterior y vigente en materia de telecomunicaciones que podrían sentar un precedente para casos futuros.
Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones argumentaron que Telmex presentó una solicitud extemporánea de renovación de concesiones; que no fue verificado físicamente el aprovechamiento pleno por parte de Telmex de esa banda de frecuencias que suman 16 MHz en total; que si con menos Megahertz se puede prestar el mismo servicio.
Y también se cuestionaron qué tanto la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería tener peso en el refrendo de estos títulos, pues fue esa dependencia la que entregó el espectro a la telefónica con base en los fideicomisos Foncos de hace diez años.
Ante todo lo anterior, el IFT se decantó por renovar los títulos de concesión a Telmex, con el fin de que más de 109,600 líneas entre residenciales y casetas públicas de 3,835 comunidades rurales no perdieran su conexión telefónica y de Internet con el exterior, pues éstas son las únicas líneas de su comunicación con el mundo.
Los comisionados del IFT argumentaron además que haber echado abajo las solicitudes de Telmex de renovación de títulos hubiera significado ir en contra de la inclusión digital, pese a todo ello el regulador renovó las concesiones que habían sido entregadas a Teléfonos de México en 2005.
“El panorama de no prorrogar implica privar a más de 200,000 usuarios de este servicio, con altas de probabilidades de que no tengan una opción”, argumentó la comisionada Adriana Labardini.
La comisionada explicó que Telmex presentó a destiempo su solicitud de renovación debido a que esperó a que la Secretaría de Comunicaciones presentara su opinión, como parte importante en lo que fue un convenio especial para aumentar la cobertura social de servicios de telecomunicaciones.
“Bajo una aplicación estricta de la ley, como siempre lo hemos hecho, a través de las prórrogas, éstas habrían de negarse, sólo que hay circunstancias. Estos títulos estaban sujetos a un régimen especial de cobertura social; a un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y no lo podemos aislar. Y sé que hemos negado prórrogas, por causas análogas, por no haberlas solicitado oportunamente o con la anticipación debida”, destacó la comisionada.
El comisionado Adolfo Cuevas también votó en lo general a favor de la renovación de los títulos a Telmex, pero cuestionó que los refrendos deban realizarse solamente con base en la evidencia documental y no con la verificación en campo, esto cuando a la operadora le fue entregado un espectro prácticamente de manera gratuita, posición que también defendió la comisionada Labardini.
“No hay certeza de que (Telmex) esté al corriente del cumplimiento de todas sus obligaciones y esto me parece en general relevante y nos coloca en una situación difícil, pero dependemos de la información que ella suministra (la Unidad Investigadora del IFT), porque tendríamos que votar a favor del otorgamiento sin estar ciertos de que hay un cumplimiento exhaustivo de obligaciones, que en muchos casos pueden ser obligaciones relevantes”, expuso el comisionado.
El caso de Telmex con estas concesiones en particular abre la posibilidad para que el IFT defina de qué manera se deben renovar este tipo de títulos a la hora de su vencimiento, esto por ser parte de un convenio donde la SCT fue actor principal, dijo Ramiro Tovar Landa, especialista para el sector en el ITAM:
“Esto nos indica que hubo un problema que puede presentarse en casos posteriores; que hay una laguna donde el concesionario no sabe si es vigente la vieja legislación o la nueva y cómo renovar. Aquí debería considerarse la Afirmativa Ficta como respuesta al silencio de la autoridad como lo fue en este caso con la SCT. El IFT definió bien, porque siguió su mandato de mantener la inclusión digital, pero debe definir mecanismos claros para dar seguridad jurídica a los concesionarios y sobretodo siendo proyectos de cobertura social. Esto sienta un precedente para los demás; incluso sienta un precedente para evaluar un regreso del Foncos”.
vía El Economista