Por Federico González Luna Bueno
Como fruto de la reforma de telecomunicaciones, se estableció en la Constitución que “el Estado garantizará que –el servicio de radiodifusión– sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población”. Tal mandato jurídico está en entredicho.
Claramente la radiodifusión es una servicio de interés general (no se necesita que lo establezca norma alguna); esencial para que la población se informe y entretenga. También, aunque les moleste admitirlo a muchos politicastros, es un baluarte de la democracia y, junto con la prensa libre, el primer objetivo a destruir por parte de los gobiernos autoritarios. Es un freno al mesianismo demagógico.
Desgraciadamente para la radiodifusión, tiene muchos enemigos. Desde hace mucho años viene padeciendo prejuicios, mala fe o las decisiones erróneas de quienes la desconocen en redondo.
Desproteger a la radiodifusión implica lanzar sus contenidos a manos inciertas, quizá buenas, quizá malas. La radiodifusión no es un pozo sin fondo, sus recursos no son ilimitados; de hecho, cada día son más limitados. Sus ingresos merman gradualmente, y lo hacen porque existen cada vez más medios desregulados que le compiten por las mismas audiencias y porque el Estado, a lo largo de varios años, se ha encargado de vulnerar, limitar o destruir (según se quiera ver) la calidad, la competitividad, la innovación y la libertad de creación de esta industria.
La radiodifusión en México está sujeta a cargas obligacionales y tributarias enormes, sin precedente en otros países democráticos y aún respecto de lo que pagan otros sectores económicos. Veamos algunos ejemplos:
1. Por supuesto, la radiodifusión paga los impuestos federales como el ISR y el IVA, aportaciones de seguridad social, e impuestos locales, como cualquier otro contribuyente.
2. Diariamente, transmite 30 minutos de tiempo aire destinados a mensajes del Estado.
3. Transmiten frecuentemente boletines oficiales y encadenamientos.
4. Está sujeta a un impuesto federal especial que surge en 1969, que se tradujo en un pago en especie de 18 minutos diarios, si se trata de estaciones de televisión, y de 35 minutos para el caso de estaciones de radio. Este tiempo aire es adicional a cualquier otro.
5. Una regulación electoral única en el mundo que cada día estrangula más la capacidad de crítica y opinión de las estaciones de radio y televisión, las cuales, en un ejercicio de sobrevivencia, han optado en muchos casos por suprimir casi cualquier contenido electoral.
6. Innumerables restricciones a la libertad de expresión, regulaciones complejas de toda índole y un régimen sancionatorio especial elevadísimo.
7. Un pago económico significativo por el uso de espectro radioeléctrico. Este es el tema que más preocupa a la radiodifusión en estos momentos. Apenas en mayo pasado se advirtió a los radiodifusores de que para la prórroga de sus concesiones deberían: a) pagar la contraprestación en una sola exhibición, sin posibilidad de pagos anuales, como había ocurrido desde 2008, y b) que esta contraprestación, en algunos casos, se multiplicaría por siete u ocho veces. El monto de la contraprestación por el refrendo en plazas como la Ciudad de México puede ser, en el caso de una estación de FM, superior a los 60 millones de pesos.
En esta situación se encuentran cerca de 500 estaciones, y se adereza con disminución de ingresos, entrada de nuevos competidores, nuevos canales de publicidad, la toma ilegal de estaciones de radio, la incursión de radio piratas que les roban mercado, y la existencia de estaciones públicas y sociales exentas de esta y otras contribuciones.
En contraste, en España las concesiones gozan de renovación automática, siempre que se mantengan las condiciones que se requerían cuando se obtuvo la licencia y el costo de la renovación es simbólico. En Chile, las concesiones son por 25 años y para su prórroga no hay que pagar nada al Estado. En Colombia, por la renovación se pagan tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la renovación, equivalente a 700 dólares americanos.
Por si fuera poco, esta semana durante el desarrollo del plausible Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños organizado por el IFT, se consideró como una buena idea (por parte de una comisionada del IFT -ciertamente de buena fe- y del director del Canal 22, estación oficial que opera con presupuesto público) imponer un nuevo impuesto especial de 5.0 por ciento a los concesionarios de radio y televisión para crear un fondo destinado a la producción de contenidos audiovisuales. La historia sin fin.
En el horizonte nada vislumbra el mínimo apoyo para una industria que ha sido objeto de ataques reiterados. Hay una ecuación elemental que es absolutamente real y que la suspicacia y soberbia burocrática se niega a entender: la radiodifusión débil no ejerce la libertad de expresión y, en paralelo, hace inciertas sus fuentes de financiamiento y la lealtad al público de sus contenidos.
La incapacidad de crítica nos afecta a todos, incluso, eventualmente, a la clase política.
vía El Financiero
