Por Javier Tejado Dondé
Días complicados ha visto el gobierno federal y el PRI en estas últimas semanas, desde estrepitosas derrotas electorales en siete entidades federativas y la Ciudad de México, incluyendo en éstas un inusual activismo de la Iglesia Católica que le habría costado algunos puntos electorales al PRI en estados conservadores como Chihuahua, Durango y, sobre todo, Aguascalientes, hasta fuertes presiones de la CNTE-Morena para dejar en ‘letra muerta’ la Reforma Educativa, pasando por un conflicto mediático-legislativo con la cúpula empresarial (Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios y Coparmex) por la aprobación de una iniciativa supuestamente anti-corrupción pero que — cual boomerang — le acabó imponiendo a las empresas las mismas cargas que éstas querían sólo para los políticos.
Así, parece que ni el gobierno ni el PRI y menos los gobernadores pudieron leer con oportunidad el rechazo que generan en buena parte del electorado, pero además, sorprende que muchos de los actores que ahora le juegan la ‘contra’ al gobierno federal estén en sectores amplia mente regulados por éste.
Ahí está el caso de la Iglesia, que lanzó mensajes desde los pulpitos contrató call-centers para hacer llamadas a votantes y organizó manifestaciones abiertamente en contra del PRI. (Por cierto, buena parte de estas actividades documentadas en la impugnación para anular la elección que ha interpuesto el PRI ante los tribunales de Aguascalientes, lugar en donde se perdió la gubernatura por apenas un diferencial de 2%).
Pero la Iglesia es regulada por la Secretaría de Gobernación (SG) vía la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. A tal grado es su regulación que, por ejemplo, cada vez que hay una misa o evento religioso y es transmitido por radio o TV se tiene que pedir permiso a la SG. Y en cada entidad federativa hay incluso una oficina de la secretaría dedicada de tiempo completo a los asuntos religiosos. ¿Qué hizo esta dependencia todos estos meses?
De igual forma, en Gobernación hay otra Subsecretaría encargada de la relación con el Congreso de la Unión. ¿Qué hizo esta dependencia mientras toda la cúpula empresarial planeaba cómo “erradicar” la corrupción en el sector público? ¿Nunca se enteraron que desde las áreas de recursos humanos de las principales empresas del país se juntaron más de 300 mil firmas para lanzar la primera iniciativa ciudadana?
¿Tampoco se enteró, ni se metió en esto, la Secretaría de Hacienda al ser la encargada de la relación con el empresariado? ¿Qué hay de la Secretaría de la Función Pública? Ambas dependencias, por cierto, tienen en su estructura áreas de enlace legislativo. Así, todo el gobierno y el PRI dejaron pasar una ley que los puso en ruta de colisión con el empresariado. Esto hubiera hecho sentido si hubieran querido darle a los empresarios ‘una receta de su propia medicina’, pero no. No había pasado ni un día cuando legisladores priístas hablaban de corregir errores, con lo que incluso se especula sobre la posibilidad de un veto parcial por parte del Presidente de la República. De esta forma, un problema de grandes proporciones termina en el escritorio del Presidente sin intermediarios de por medio. Lo anterior es además un sin sentido pues la propuesta original de que el empresariado presentara sus tres declaraciones (3de3) fue del PAN, pero son el PRI y el gobierno quienes ahora pagarán los costos de esto.
Por si no fuera suficiente el problema electoral, el rechazo a la Reforma Educativa por una CNTE cada vez más radicalizada, los conflictos con la Iglesia y el empresariado, hay que sumar un conflicto con la radio nacional, otro sector regulado.
Luego de 22 años sin existir nuevas estaciones de radio comercial, se decidió que era el momento de sacar adelante y ofrecer vía licitación 257 nuevas estaciones. Es probable que una parte de los radiodifusoras — agrupados en la CIRT — hubieran preferido no tener nunca competencia, lo que es deplorable. Pero en buena parte su malestar es por las formas del gobierno y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Y es que primero se anuncia la nueva licitación, en la que hay que límites de acumulación de espectro con lo que varios radiodifusores no podrán participar (lo que a mi juicio es correcto en aras de mayor pluralidad), pero en la medida que les viene encima nueva competencia, no se les da certeza sobre las frecuencias de radio que ya tienen.
Sencillamente a cientos de actuales radiodifusores no se les ha dado la posibilidad de migrar de la AM a la FM — lo que es derecho adquirido desde el sexenio Calderonista — a la par de que no se les brinda certeza sobre los montos y formas en los que tendrán que pagar para prorrogar la vigencia de 528 estaciones de radio comercial que vencen este año (lo que representa casi la mitad de la radio comercial existente). Así, el avanzar a una mayor competencia en la radio, pero sin dar certeza a los existentes, ha generado un conflicto que a diario se dirime en la cobertura que hace la radio y en particular la radio provincial.
Con todo esto, se puede llegar a la conclusión que sectores altamente regulados — la Iglesia, los maestros, los empresarios y los concesionarios de la radio — que en el pasado fueron aliados del PRI-gobierno ahora están conflictuados y dirimiendo sus diferencias de manera no convencional. Para decirlo en pocas palabras están en una rebelión que se manifiesta de varias maneras. Esto es parte de la nueva realidad democrática del país, en algunos de estos temas tiene razón el gobierno y en otros los regulados. Cuestión de enfoques, pero lo que sorprende es la incapacidad del gobierno para anticipar estos escenarios, entenderlos, atenderlos y desactivarlos oportunamente. Ahora, la desatención de estos sectores hizo que varios de estos temas hicieran crisis en un periodo muy corto. Y falta por ver si el PRI-gobierno puede restablecer la relación con los regulados. Ahora varios de éstos están simpatizando con el PAN, salvo el magisterio disidente, que ha optado por Morena.
Cambiando de tema: De llamar la atención que todos los funcionarios tanto de la Comisión Federal en Telecomunicaciones como del IFT que propusieron sancionar a Telmex por dar servicio de UnoTV hayan sido cesados. Ahora que el IFT ha declarado legal dicho servicio vale la pena conocer cómo se procesaron, tanto en la SCT como en el IFT, las denuncias presentadas del 2011 al 2015.
vía Especialistas
