La regulación asimétrica que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil y Televisa cumple dos años y se encuentra en proceso de consulta. El órgano regulador tiene la responsabilidad de hacer una revisión responsable y transparente. ¿Una oportunidad histórica?
El IFT amplió el plazo de la consulta para evaluar la aplicación del esquema preponderante, en la expectativa de incentivar la participación de más industrias y expertos que aporten una opinión con sustento y demuestren que es necesario que el instituto incremente la carga de medidas para acelerar el proceso regulatorio.
Lo que preocupa es que el IFT no ha hecho público el proceso y no se sabe cómo se está usando la información que se le ha dado. Esa postura ha tenido un efecto pernicioso, pues incrementa la incertidumbre y genera especulaciones que merman la credibilidad del órgano regulador.
Lo único cierto es que la prevalencia de un agente económico preponderante es un enorme riesgo para la competencia y la libre concurrencia.
América Móvil confía en que se le suavicen las medidas de preponderancia y se le permita brindar video, apelando a supuestos efectos de la implementación de la reforma de las telecomunicaciones y una baja en su participación en los distintos mercados del sector. Pero datos obtenidos de los informes estadísticos trimestrales del IFT revelan lo contrario… al menos en el segmento de suscriptores de banda ancha móvil, que pasó de 8.95 millones, en junio del 2013, a 40.84 millones para septiembre del 2015. Y en los demás mercados del sector, también falta mucho para que tengan condiciones de competencia efectiva.
Mientras la consulta del IFT avanza, tras bambalinas, la guerra entre Televisa y AMX arrecia. A un mes de la difusión profusa del anónimo que buscó afectar la reputación de Alfonso de Angoitia y Salvi Folch, Grupo Televisa evitó un litigio mediático y acudió a los tribunales, para defender la reputación de sus estrategas financieros.
La carta anónima encontró espacio en The Wall Street Journal, en Estados Unidos. ¿Un apócrifo? El texto, de 15 cuartillas, acusaba algunos detalles que apuntarían a un libero pero era prístina en su intención de un efecto de desinversión.
Lo cierto es que Grupo Televisa acudió al juzgado cuarto de distrito en materia civil, radicado en la Ciudad de México, donde —de acuerdo al escrito de demanda— presentó elementos que acreditan que los hechos denunciados por la publicación estadounidense, y reproducidos en México por Grupo Reforma, son ilegítimos.
Una acción civil que estuvo antecedida por la reacción inicial de Emilio Azcárraga Jean a esta embestida mediática: explicó por escrito a los integrantes del consejero de administración de Grupo Televisa que un bufete internacional investigaría los hechos denunciados y, simultáneamente, brindó un espaldarazo a sus ejecutivos.
¿Y el IFT? A dos años de la reforma en telecomunicaciones, la única certeza es que los comisionados del instituto están obligados a tomar las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de la ley y preservar el espíritu del ajuste estructural.
EFECTOS SECUNDARIOS
ENFILADOS. La autoridad investigadora de la Cofece, a cargo de Carlos Mena Labarthe, también desahoga sendas indagatorias sobre la posible realización de prácticas monopólicas en el mercado de fármacos y en los servicios de monitoreo y análisis de medios de comunicación —impresos, electrónicos y en línea— contratados por instancias gubernamentales. En este último caso, en el expediente constan las pruebas que mostrarían la colusión de al menos tres firmas en las asignaciones de los contratos en el Gobierno del Distrito Federal, donde tres empresas fueron invitadas, pero sólo hubo una ganadora. En tanto, la indagatoria por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la sal a granel tiene un antecedente en el reporte de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que concluyó que las prácticas del Consejo de Administración de ESSA eran dañinas para el Estado mexicano, por vender su producción por debajo de los costos, lo que es presuntamente dumping. Mitsubishi controla prácticamente todas las decisiones que se toman en la paraestatal, incluyendo el tipo de cambio, generando así una distorsión a su favor del mercado de la sal valiosa del mundo y afectando a cualquier competidor que trate de entrar al mismo. Las empresas mexicanas y estadounidenses afectadas promovieron recursos que podrían repetir un efecto de perdida en Mitsubishi, similar al de los autos con datos falsos por los que perdieron más de 5,000 millones de dólares en un sólo día.
VENCIDAS. Sin aspavientos, los electricistas y la CFE extendieron la vigencia del contrato colectivo de trabajo, hace una semana. Parecería más un resultado fortuito que el producto de una negociación entre el equipo de Enrique Ochoa Reza y la cúpula del SUTERM. Una negociación que tuvo como eje un postulado básico: “Sin empresa, no hay trabajo. Y sin trabajo, no hay SUTERM”. Intacto quedó el paquete de prestaciones económicas y las plazas del personal sindicalizado. ¿Y el paquete de prebendas que detentan los integrantes de la directiva gremial, entre ellos el arrendamiento de helicópteros y aviones?
vía El Economista