Por Gerardo Flores Ramírez
La semana pasada se celebraron tres años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), fecha que permitió que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicieran frente a los medios un balance positivo de los logros que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se han obtenido en el curso de estos tres años de vigencia de la reforma.
Es verdad que han caído los precios de los servicios, es verdad que ha aumentado el número de usuarios de Internet en nuestro país, sobre todo de Internet móvil, es verdad que también se han incrementado las velocidades de acceso a Internet, y también es cierto que se ha incrementado el número de suscriptores a redes de televisión de paga. Debe reconocerse que se llevó a cabo el apagón analógico en la fecha prevista por la Constitución y por la LFTR, y que con ello entramos de lleno a un ecosistema conformado exclusivamente por canales de televisión digital; de igual manera, que la cobertura del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se ha incrementado de manera notable, en beneficio de la pluralidad en nuestro país, que se enriquecerá aún más con el muy próximo inicio de operaciones de una nueva cadena nacional de televisión comercial.
Sin embargo, es oportuno ser lo más objetivos posible, para ubicar en qué contexto han ocurrido estos avances. En primer lugar, hay que señalar que la estructura de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión sigue prácticamente igual que cuando entró en vigor la reforma, aunque en este último se prevén cambios importantes en su estructura próximamente.
En telecomunicaciones, los operadores están argumentando ante el IFT que las medidas de preponderancia que impuso a América Móvil en marzo del 2014 no han tenido la eficacia que deberían haber tenido para cumplir sus propósitos. Concesionarios como MCM, Telefónica o Televisa indican en sus respectivos comentarios presentados dentro de la consulta pública que efectúa el IFT, acompañados de señalamientos expresos sobre determinadas medidas, que no han funcionado en varios casos, y en todos los casos, prácticamente se debe a una razón: que el agente preponderante ha incumplido con sus obligaciones o las cumple con demasiado retraso, haciendo inviable la posibilidad de que los competidores obtengan una ganancia que sí obtendrían si América Móvil cumpliera en tiempo y forma con cada una de las obligaciones que se le impusieron.
Ello ocurre simplemente porque sabe que la autoridad no tiene credibilidad para hacer valer las sanciones que correspondan por incumplimientos a estas medidas. Una razón es que no hace un seguimiento puntual de su cumplimiento, advierten los competidores que hace falta una actuación más firme en materia de verificación. De hecho, no sólo no son creíbles, sino que ahora el mensaje del regulador es que es tolerante o permisivo, al grado de autorizarle con una muy débil argumentación regulatoria por qué sí puede prestar un servicio que no tiene autorizado, el de televisión.
De hecho, no debe subestimarse el señalamiento que hace Telefónica en sus comentarios, en el sentido de que de acuerdo con el seguimiento que hace trimestralmente la correduría Merrill Lynch, entre 47 países, México sigue siendo el más concentrado en su sector telecomunicaciones.
Así que las ganancias absolutas para los usuarios pueden erosionarse si el IFT no logra imponerse con credibilidad para lograr modificar la estructura de los mercados. Es imperativo que mejore la calidad y eficacia de su regulación, de lo contrario, en la celebración del siguiente periodo de tres años, quizá ya no haya mucho que presumir.
vía El Economista
