Por María Marván Laborde
Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional empiezan a promover una reforma al modelo de comunicación política. No es la única voz crítica, algunos académicos y analistas opinamos igual. Menos spots y más debates. Menos soliloquios y auténticos diálogos entre partidos y de éstos con la sociedad.
Sigo pensando que es un gran acierto garantizar el acceso a radio y TV a los partidos y candidatos en los tiempos del Estado. Soy de la idea de que esto debe prevalecer, ya que es uno de los elementos que garantizan condiciones de equidad.
El modelo de comunicación política actual tiene dos grandes desventajas. Las campañas se redujeron a propaganda cuasi comercial encapsulada en cancioncillas y lemas bobos que caben en 30 segundos. No dicen nada del programa de un partido, generan hartazgo y no propician el diálogo.
La segunda gran desventaja del modelo es la sobrerregulación. Tratar de controlar lo que los partidos pueden o no pueden decir y cómo pueden criticar al otro o promoverse a sí mismos, ha sido una de las normas más costosas para nuestro sistema electoral.
Genera gastos económicos para los partidos y para la autoridad porque se multiplica exponencialmente su trabajo. Sin embargo, los mayores costos son en términos de legitimidad democrática. El daño infligido al INE y a los tribunales por estar decidiendo si tal spot está dentro de los límites de lo permitido o es excesivo, debilita a la autoridad y pone en riesgo la consolidación de la democracia.
La experiencia nos demuestra que las reglas actuales han sido inútiles para contener las campañas negras; este año fueron tan descarnadas que, lejos de traer beneficios, perjudicaron a quienes abusaron de ellas. Dejemos que cada partido pague las consecuencias de sus decisiones.
Las propuestas deberían liberalizar el modelo. Libertad absoluta en lo que cada partido dice: cero restricciones para presumir sus logros de gobierno o para criticar al adversario. Los partidos tienen tiempos garantizados en radio y televisión, por lo tanto, todos tienen una suerte de derecho de réplica que los pone en igualdad de circunstancias.
Son indispensables más debates, con reglas mínimas que permitan agilidad y que den oportunidad a los candidatos de demostrar inteligencia o la falta de ésta. Los resultados han sido desastrosos. Monólogos alimentados de lugares comunes. La única chispa surge porque una cartulina está de cabeza o gracias a la edecán pechugona que se coló maliciosamente.
El INE debería establecer muy pocas reglas con suficiente antelación para que nadie sospeche que están hechas para favorecer a alguien en particular. Quizá fijar temas y fechas desde antes de que estén definidos los candidatos. Creo que ni siquiera se les debería tomar parecer a los partidos. Nada más complicado que negociar con los equipos de los candidatos las reglas de los debates, parten de la desconfianza mutua, pero quieren un ambiente seguro.
El modelo de comunicación es sumamente rígido y la evolución de las telecomunicaciones y redes muy dinámica. Son preocupantes las voces que imploran que se incremente la regulación de internet y de las redes sociales. Claro que estos gastos deberían reportarse, pero no tratar de censurar lo que pasa por ellas. Sólo países totalitarios controlan las redes.
Debido a las quejas frívolas de los partidos sobre los sitios de internet de los gobiernos, éstos han tenido pretexto para bloquear su información en tiempos de campaña. Durante las campañas, debería ser ilegal desaparecer las obligaciones de transparencia. La información que obliga la Ley de Transparencia debería permanecer todo el tiempo. Es rendición de cuentas, no propaganda. ¿Es tan difícil reconocer la diferencia?
El riesgo que tiene abrir el tema del modelo de comunicación es volver a alebrestar a las televisoras, que han actuado no sólo como enemigas del modelo sino como antagonistas de la propia democracia. Ellas quieren regresar al libre mercado para poder vender tiempo barato a sus preferencias y caro a los demás.
Honor a quien honor merece: bien por la decisión de Peña Nieto de que la PGR interpusiera una controversia constitucional en contra de las absurdas medidas de los Duarte y Borge.
vía Excelsior