Por Gerardo Soria
Uno de los principales aspectos de la reforma constitucional en telecomunicaciones fue trasladar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) todas las atribuciones que hasta el 2013 había tenido la Comisión Federal de Competencia (CFC) en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En el papel sonaba a que era una buena idea, después de décadas en que fue imposible sostener en tribunales las declaraciones de dominancia que emitió la extinta Cofeco en contra de Telmex y Telcel, y, por ende, todos los intentos de la también extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para imponerles una regulación asimétrica que evitara los abusos derivados de sus altísimas participaciones de mercado y del control sobre la interconexión.
Ante esta realidad, los redactores del Pacto por México consideraron que concentrar en el IFT todas las atribuciones sobre estas industrias, incluyendo la supervisión y sanción de concentraciones y prácticas monopólicas, limitaría las posibilidades de Telmex y Telcel para evadir la regulación asimétrica y dotaría al regulador de una autoridad indiscutible para evitar concentraciones que afectaran la libre concurrencia en los mercados y para sancionar las prácticas monopólicas. Muchos aplaudimos la medida y pensamos que sí los constantes abusos de Telmex y Telcel serían sancionados por la autoridad. Desafortunadamente nos equivocamos.
En un claro contraste con la magnífica labor que ha desempeñado la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios, la Unidad de Competencia Económica del IFT y, sobre todo, la autoridad investigadora, brillan por su ausencia y están sometidas a la actividad político-regulatoria del pleno del IFT, en una clara confusión de facultades que ha llegado al extremo de nulificar, en la práctica, toda labor de prevención y corrección de prácticas anticompetitivas.
Como ejemplo inmediato tenemos la desagregación del bucle local de Telmex. El IFT aprobó la oferta que entró en vigor en enero de este año y, afortunadamente, modificó su absurda política de aprobar ofertas del preponderante sin precios, dejando a los competidores a merced de los caprichos de Telmex y Telcel. En este caso en particular, el IFT estableció tarifas para que los competidores pudieran hacer uso de la red del preponderante para ofrecer a sus clientes servicios de banda ancha; sin embargo, permitió que Telmex bajara sus precios al usuario final por debajo de las tarifas ofrecidas a los competidores, de tal manera que la desagregación del bucle local se volvió inviable. Una buena medida regulatoria se quedó en letra muerta por la negligencia y falta de pericia del regulador, y el desplazamiento de los competidores a través del estrangulamiento de márgenes ha pasado de noche para la autoridad.
Evidentemente existe un conflicto de interés y atribuciones entre un pleno con una agenda distinta a la protección y fomento de la competencia y la libre concurrencia, y una Unidad de Competencia Económica y una autoridad investigadora que de alguna manera son sus subordinadas. Ya sé que la Constitución y la ley suponen que éstas tienen cierto grado de autonomía, pero cuando tu salario y futuro dependen de otros, son esos otros los que mandan, diga la ley lo que diga.
En mi opinión, terminamos en el peor de los mundos, con una autoridad de competencia en telecomunicaciones sometida a intereses distintos a su vocación de velar por las mejores condiciones de competencia en los mercados, y una Cofece muy capaz y profesional, pero excluida de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Las ideas pueden parecer buenas, pero andar jugando con la Constitución para resolver cualquier resfriado es un camino que, más temprano que tarde, puede dar lugar al colapso mismo de nuestra carta magna dadas sus innumerables contradicciones. internas.
vía El Economista
