Por Gerardo Soria
Se dice que la SCT pretende que el Estado mexicano, a través de Banobras y Bancomext, de las garantías que los prestamistas exigen para apalancar el proyecto, lo que anularía la ventaja de las APP: que los privados asuman los riesgos.
“Si no quieres que se sepa algo, ni lo pienses” es una máxima que ha sido válida durante toda la historia de la humanidad, pero lo es más aún en esta hipermodernidad en la que la privacidad y la secrecía no pasan de buenas intenciones plasmadas en leyes que al nacer ya están desactualizadas. Esta abolición del secreto que las nuevas tecnologías de comunicación instantánea y anónima han creado afecta principalmente a los personajes de poder y a aquellos que detentan cargos públicos. La caja de cristal en que viven los funcionarios públicos se ha convertido en una poderosa herramienta para evitar abusos y simulaciones. No hay manera de saber si el hecho de cada ciudadano sea un ojo con una cámara y un oído con una grabadora va a ayudar a la cohesión o a la desintegración social, pero es un hecho de que el mundo como lo conocíamos está en vías de extinción.
La máxima con la que empecé este artículo es pertinente porque me ha llegado información preocupante sobre el proyecto de la red compartida mayorista y los malabares que aparentemente está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que la licitación de esta red no se quede desierta. En este espacio he expresado en múltiples ocasiones mi opinión sobre lo desatinado del proyecto que los exfuncionarios panistas Juan Molinar Horcasitas y Mony de Swaan insertaron con calzador en los acuerdos del Pacto por México. Quizá por ello me llega información de personas que, como yo, piensan que la red compartida mayorista no es más que un pretexto para gastar 7,000 millones de dólares con proveedores y contratistas previamente apalabrados. La mula no era arisca, la hicieron a palos.
Por lo general paso por alto la información que me llega, salvo cuando ésta es verosímil y puede ser de trascendencia para el desarrollo del sector telecomunicaciones, al que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional. En este caso, en los pasillos de la SCT y del Instituto Federal de Telecomunicaciones corre la versión de que el retraso en la licitación de la red compartida no se debió a la coyuntura del Brexit, sino al contundente hecho de que ninguna institución financiera privada está dispuesta a financiar el proyecto de la red compartida, ya que las estimaciones de tráfico no dan para sostener una inversión de 7,000 millones de dólares. Por ello, dicen que la SCT pretende que el estado mexicano, a través de Banobras y Bancomext otorgue las garantías que los prestamistas internacionales exigen para apalancar el proyecto. De ser así, estaríamos en presencia del mismo modelo que ya en el siglo pasado desenmascararon Rosa Luxemburgo y Noam Chomsky: deuda pública, ganancias privadas.
Me explico. Se supone que la red compartida será construida por inversionistas privados y que el Estado mexicano aportará el uso de la banda de 700 MHz con un descuento de 90% sobre su valor de mercado y sobre el valor que los operadores privados, Telcel, Telefónica y AT&T pagan por el uso de espectro similar o con características de propagación más deficientes. De entrada, un descuento de esa magnitud por el uso del espectro rompe con cualquier principio de neutralidad competitiva y le da a los supuestos inversionistas una ventaja que no tiene ninguno de los demás operadores en el mercado. Por si esto fuera poco, la mera posibilidad de que sea el propio estado mexicano el que garantice la inversión de lo elegidos, desnaturaliza por completo las ventajas del modelo de asociación público privada, ya que el estado asumiría todo el riesgo y los principales costos y los inversionistas privados únicamente verían las ganancias, si las hay.
De ser cierto, como lo creo, que el gasto de 7,000 millones de dólares no es recuperable, al final tendríamos una red subutilizada, con graves problemas financieros para mantener su operación, y una deuda monumental con cargo al erario público, y todo por la necedad de políticos que quieren gastar lo que no hay para construir algo que no se necesita. Como dice el clásico, al tiempo.
vía El Economista
