Por Aleida Calleja
El Congreso aplicó el impuesto del IEPS y ubicó a las telecomunicaciones (telefonía, TV de paga) como servicios de lujo.
Desde el 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, afirmó que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de 3.0% a los servicios de telecomunicaciones era una carga sobrada, en la página 51 de dicho estudio estipula: “Es difícil justificar un impuesto sectorial específico, como el IEPS, ya que implica una carga innecesaria a la industria de las telecomunicaciones, a menos que se emplee para apoyar al sector de alguna manera (servicio universal, el regulador, etc.), e incluso recomendaba la posibilidad de destinar los recursos de ese impuesto a fortalecer al órgano regulador que en ese tiempo era la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
El IEPS es un impuesto que se aplica a ciertos bienes y servicios que causan un perjuicio social o que su consumo tiene un efecto no deseado, por eso se le aplica a bebidas alcohólicas, tabacos, juegos de apuestas, entre otros.
El Congreso al haber aprobado la aplicación de este impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones (telefonía, TV de paga), los ubico como servicios de lujo o de un efecto no deseado, lo cual es una total contradicción, en virtud de que esos servicios son ya parte de la canasta básica de una muy buena parte de la población.
El problema es que ese sobrecosto de ese impuesto especial lo pagamos los usuarios de los servicios sobre el tiempo aire, los mensajes cortos en SMS y uso del servicio móvil, afectando de manera especial a las personas más pobres. De acuerdo al informe La Economía Móvil de América Latina 2016, el IEPS sobre los dispositivos y servicios móviles representaron casi 19 por ciento del costo total de propiedad móvil en México
Además el dinero de su recaudación, que se hace desde hace cinco años, va a la Secretaría de Hacienda sin un propósito específico. En todo caso ese recurso debería destinarse a apoyar los proyectos de conectividad para cumplir con la cobertura universal de quienes no pueden acceder a estos servicios por falta de infraestructura.
Si la recaudación del IEPS no está destinado a un Fondo de Cobertura Social debería de anularse, pues la conectividad en la actualidad es un derecho y no un servicio accesorio.
En otros temas.
Dos años Ayotzinapa. El día de ayer lunes se cumplieron dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento sus familiares y seres queridos tengan una respuesta efectiva del Estado mexicano para dar con los responsables intelectuales y materiales de esa masacre. La ausencia de verdad y justicia, aumenta su sufrimiento y es una de las tantas asignaturas pendientes de este gobierno en materia de derechos humanos. La dilación en la actuación de las instancias de justicia son un agravio para la sociedad mexicana y una herida abierta. El trabajo especial que hizo el periódico español para recordar esta fecha califica esa noche del 26 de septiembre de 2014 como la noche más oscura de México.
En puerta nombramiento de nuevo comisionado. Finalmente el pasado 22 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República su propuesta para integrar a como nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a Javier Juárez Mojica por un periodo de nueve años, en sustitución de Fernando Borjón que terminó su periodo en febrero de este año.
Juárez Mojica es actualmente el titular de la Unidad de Política Regulatoria. Fue el encargado de instrumentar la portabilidad numérica y era un cercano colaborador de José Luis Peralta ex comisionado en la hoy prescrita Comisión Federal de Telecomunicaciones. Desde su regreso a la instancia reguladora ya como IFT ha sido el encargado de arrastrar el lápiz para el proyecto de la Red Compartida, los lineamientos de colaboración con la justicia, entre otros temas relevantes de la política regulatoria en el país. Ahora toca al Senado determinar si ratifica la propuesta del presidente o no.
La presidencia también propuso a Brenda Gisela Hernández como comisionada para ocupar el puesto vacante en la Comisión Federal de Competencia Económica.
Arrancó el proceso de la Constituyente de la Ciudad de México. Entre estire y aflojes iniciaron formalmente los trabajos para elaborar y aprobar lo que será la primera constitución de la Ciudad de México, como parte del proceso de diálogo y debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad realizará esta semana el Segundo Coloquio sobre el Derecho de la información “Voces de la ciudad: hacia el reconocimiento de su derecho en el marco del Constituyente”, los próximos 28 y 29 de septiembre.
vía La Silla Rota