Por Claudia Juárez Escalona
El IFT llevará acabo la consulta pública del anteproyecto: “Guía del programa de inmunidad y reducción de sanciones para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, con la cual buscará incentivar la detección y eliminación de prácticas monopólicas absolutas bajo una figura similar a la del testigo protegido.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevará acabo la consulta pública del anteproyecto: “Guía del programa de inmunidad y reducción de sanciones para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, con la cual buscará incentivar la detección y eliminación de prácticas monopólicas absolutas (PMA) bajo una figura similar a la del testigo protegido.
Ismael Reyes Ramírez, director general de Atención en Procedimientos del IFT, explicó que “la idea es dar incentivos para que los agentes económicos que actualmente están participando o realizando de forma directa una práctica monopólica se acerquen a la autoridad y confiesen su participación en el cártel y proporcionen información a cambio de recibir una reducción en la sanción que se les pudiera imponer”.
Una práctica monopólica absoluta también llamada cártel o colusión consiste en acordar la manipulación de precios, restringir oferta, segmentar el mercado, coordinar postura de licitaciones y el intercambio de información para estos mismos fines. Se pueden adherir a este programa los agentes económicos que hayan incurrido o estén incurriendo en una PMA; quienes hayan participado directamente en PMA en representación o por cuenta y orden de personas morales, o agentes económicos o individuos que hayan coadyuvado, inducido o participado.
El procedimiento de adhesión inicia a través de una solicitud a través de un correo electrónico o por correo de voz, en el cual se deberán proporcionar datos de contacto y manifestar expresamente que se tiene la voluntad de acogerse al programa de inmunidad.
Las empresas de telecomunicaciones que realicen prácticas monopólicas absolutas, como manipular precios o restringir la oferta, podrían reducir una eventual multa de 10% de sus ingresos a un salario mínimo.
El programa que ha estado vigente desde el 2006, pero hasta antes de la reforma estaba a cargo de la extinta Comisión Federal de Competencia sin que se presentara el caso de una sola empresa del sector de telecomunicaciones que se acogiera a éste.
vía El Economista
