Por Alberto Aguirre M.
Carmen Aristegui está equivocada. En tribunales del primer circuito judicial pronto podrían acumularse siete demandas contra la periodista. Y al menos la mitad —si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre persiste en su idea de exigir un resarcimiento económico por las “diatribas” vertidas en su contra en los espacios informativos de MVS— sería por daño moral.
Y es que hace seis meses —incluso antes del recurso tramitado por Joaquín Vargas— en el Juzgado 57 en Materia Civil en la Ciudad de México, quedó radicado el expediente 428/2016 a partir de la denuncia interpuesta por Ihosvani Díaz Díaz contra Aristegui, Cuartoscuro (la revista que dirige el fotoperiodista Pedro Valtierra) y la empresa Flock Advertising de México, a quienes reclamó una indemnización por el uso no autorizado de su imagen.
Díaz Díaz reclamó con conocimiento de causa. Mexicano por naturalización, dominicano de nacimiento, desde hace 20 años se dedica profesionalmente al modelaje, por lo que —según consta en el expediente—“explota su imagen física como producto publicitario de diversas marcas, productos, revistas y hoteles”.
En ese mismo documento queda acreditado que “a fin de ampliar sus posibilidades de tener un marco acceso al medio artístico”, Ihosvani desempeñó simultáneamente las tareas de agente de relaciones públicas y capitán de meseros en el Bar Bar. Este último trabajo le dio una involuntaria y ominosa fama a finales de enero del 2010, cuando fue detenido por la policía capitalina, tras el ataque al futbolista Salvador Cabañas. Sin que la autoridad judicial hubiera decretado causa alguna en su contra, fue liberado. Y de inmediato volvió a su trabajo artístico.
El 3 de julio del 2015, por comentarios de algunos amigos, supo que en las páginas electrónicas de Cuartoscuro y Aristegui Noticias aparecían sendas notas sobre un robo de visas al gobierno de Estados Unidos que se ilustraba con su pasaporte. Además de su fotografía, aparecían sus datos personales.
Como consecuencia de la publicación de su imagen y datos personales, detalla el expediente, Díaz Díaz ha sido víctima de delincuentes que al ubicarlo han tratado de extorsionarlo. Forzado por esta publicidad innecesaria a cambiar de domicilio y número telefónico, ahora tiene que lidiar con el distanciamiento en sus relaciones de amistad y familiares, y un daño a su reputación y fama en el medio del modelaje.
Algunos abogados especializados en la materia habrían recomendado a los periodistas demandados que buscaran el desistimiento, por frívola, de la demanda. Aristegui emplazó al juez que declarara la improcedencia, pues la imagen —usada en un artículo aparecido el 24 de junio del 2015— es “accesoria” y no era necesario el consentimiento expreso de Ihosvani, por encontrarse difuminada la imagen y los datos.
Si en breve acumulara otra demanda por daño moral contra la periodista, promovida por Gutiérrez de la Torre, Aristegui empataría a Ana Lilia Pérez y la directiva de la revista Contralínea, de Miguel Badillo, quienes afrontaron siete, promovidas por distintos líderes del sindicato petrolero. Aunque ninguna podría compararse con la que afrontaron el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el editor Miguel Ángel Porrúa, por los contenidos del libro La Sosa nostra, que estuvo viva durante 12 años.
Del mundo del espectáculo, los casos de daño moral han inundado al ecosistema político-electoral. Y los periodistas también afrontan demandas por discriminación o son citados por la autoridad federal para que aporten información. ¿Ejemplos? El caso Ayotzinapa o la investigación sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya.
Actualmente, de acuerdo al relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, actualmente hay 11 condenas por expresiones que la justicia ha considerado abusivas. ¿El común denominador? Quienes han sido demandados estaban realizando una tarea de escrutinio público, de investigación periodística, de debate político en el contexto de una contienda electoral, y del ejercicio y el análisis de la opinión.
“No estamos solicitando una inmunidad para los periodistas”, acotó el abogado uruguayo hace 11 días, en su exposición en el seminario sobre violencia y paz organizado por el Colegio de México. “Estamos solicitando la protección de la función que cumple la libertad de expresión en una sociedad democrática”.
En ese foro, Aristegui se quejó públicamente de estar sujeta a un “acoso judicial” promovido por sus exempleadores. Y sin abordar el fondo de los pleitos por derechos de autor y propiedad intelectual, se centró en la de demanda por daño moral promovida por los Vargas por el prólogo del libro editado por Random House, del que escribió el prólogo.
Carmen advirtió sobre un reciente presente en la SCJN que elimina el tope económico para el resarcimiento del daño moral infligido por periodistas. “Esto abre la puerta a demandas por montos indeterminados. ¿Cuánto vale el prestigio de alguien en una lógica condicionada por el poder político?”, se quejó.
¿Los periodistas pueden decir lo que quieran? No. ¿El uso del derecho penal para sancionar expresiones críticas es necesario en una sociedad democrática? Tampoco, dijo el relator especial de la CIDH. “Las demandas contra periodistas tienen un efecto inhibidor del escrutinio y el debate en las sociedades democráticas”, insistió.
vía El Economista
