Por Roberto García Requena
En el paquete económico 2017 presentado al Congreso de la Unión, se pretende derogar la fracción XI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos.
Dicha fracción establece un pago fijo de $69.56 pesos mensuales por el uso de cada poste que utilicen los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, a efecto de desplegar el cableado necesario para la expansión de su red y poder llegar al usuario final. Este precio se ha mantenido a lo largo de años, lo que ha brindado seguridad jurídica a los operadores en sus planes de negocio.
La iniciativa propone trasladarle a la Comisión Reguladora de Energía la discrecionalidad para que esta instancia sea la que fije los nuevos precios. Esta situación lo que hace es alterar la certeza de los concesionarios, al darle a una nueva autoridad la facultad de fijar las tarifas, sin claridad de los criterios para hacerlo.
Esto, además de funcionar como un inhibidor del despliegue de más infraestructura por parte de los operadores de TV por cable, Internet y telefonía fija, significaría una clara ventaja para el agente económico preponderante, Telmex. Esto debido a que la mayoría de los derechos de paso de Telmex vienen desde que se privatizó esta empresa en 1990. Por ello, a Telmex no le afecta la derogación que comento. Al contrario, le ayuda al restringir el despliegue de las redes de los potenciales competidores.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información(Canieti) ya se manifestó en este caso y solicita a la Secretaría de Hacienda para que reconsidere la derogación de la referida fracción XI de la Ley de Derechos. Esperemos sean sensibles a la promoción y fomento a la competencia, y no a favorecer al agente económico preponderante que, por cierto, se mantiene con un 70 por ciento de concentración del mercado.
En otros temas. Tache al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por no haber revelado los nombres de los participantes de la controvertida licitación de la red compartida. El argumento que dan es que “es un proceso en curso”. No recuerdo ninguna otra licitación de espectro en la que se escondieran los nombres de las empresas participantes. Ni la de la tercera cadena de TV abierta llevada al cabo recientemente por el propio IFT. Algo esconderán los comisionados.
La Profeco dijo que hasta el mes de septiembre de este año han recibido 23 mil 598 quejas del sector de las telecomunicaciones, de las cuales se han atendido el 90 por ciento a favor de los usuarios. Datos muy alentadores para la Profeco y su titular Ernesto Nemer. Falta ver todavía cómo van a resolver el caso de Megacable, que platiqué en este espacio hace un par de semanas.
vía Razón