Por Susana Mendieta
El presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones propuso que los recursos generados por esta industria sean utilizados para crear un fondo de cobertura universal.
Los recortes presupuestales para 2017 en materia de telecomunicaciones son una mala señal para el sector y para los posibles inversionistas en la red compartida, coincidieron Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (Idet), y Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.
Soria propuso que los recursos generados por esta industria sean utilizados para crear un fondo de cobertura universal.
En entrevista con MILENIO, Soria destacó que haber dejado sin recursos al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) se convirtió en un elemento distorsionador adicional en la licitación de la red compartida que lleva en estos momentos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“Con estos bandazos, ¿qué tranquilidad puede tener la empresa que pretenda ser socio de Promtel de que realmente se va a cumplir con los compromisos por parte del gobierno en un proyecto de tal magnitud y de tan largo plazo? Entonces creo que la señal es muy mala en ese sentido”, aseguró.
A Piedras le llama la atención la omisión explícita y en términos presupuestales de la partida para el Promtel, puesto que es la entidad que se debería encargar de garantizar la instalación de la red compartida.
“De acuerdo con el decreto que le dio origen debería contar con un patrimonio propio, lo cual el titular del organismo ha declarado recientemente que así sucederá; entonces la pregunta es por qué en el proyecto inicial no es visible dicha partida”, dijo Piedras.
En cuando a México conectado y la sociedad de la información, Soria aseguró que también es muy preocupante que se les haya reducido en más de 80 por ciento el presupuesto, pues hay zonas rurales en donde no es rentable que los operadores privados lleguen y ahí sí se necesita el apoyo el Estado para poder cumplir con lo que ya es un derecho constitucional, que es el acceso a internet.
“Hay un impuesto especial para los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, el gravamen se va al presupuesto general, se gasta en otras cosas no en tratar de alcanzar la cobertura universal”, comentó Soria.
vía Milenio
