Por Alberto Aguirre M.
Quiso la fortuna que Hillary Clinton respondiera la primera pregunta anoche por Lester Holt en el gimnasio de la Hofstra University, la única institución de educación superior que ha albergado tres debates presidenciales de manera consecutiva.
Del “Yes, we can” al “Build the wall”. Es en la era de las redes sociales cuando se lleva a cabo el evento televisivo que enfrentó a la ex secretaria de Estado con el magnate Donald Trump, quien a pesar de sus constantes pifias y pachotadas se ubicó en el lugar preciso, en la víspera de este encuentro.
Con el reto de lucir como estadista y aplacar sus ímpetus, Trump estaba mejor perfilado que Hillary. Provocador innato, está hecho para polemizar e insultar. Y se vio presidenciable. Ella —necesitada con urgencia de vencer las percepciones que la presentan como egoísta y poco confiable— era una incógnita.
Los candidatos presidenciales inevitablemente hablaron sobre México, al que Trump invocó desde su primera alocución, al ubicarlo entre los países que han robado fuentes de empleo a los estadounidenses. Inevitablemente hablaron del Tratado de Libre Comercio. El candidato republicano lo catalogó como un “acuerdo defectuoso” y emplazó su renegociación.
Trump y Clinton también fueron emplazados por Lester Holt a definir sus posturas sobre la apertura de las fronteras. Las estimaciones indican que actualmente residen 11.3 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos y, de ellos, más de 7 millones trabajan sin permiso legal. Una política de deportación masiva reduciría inmediatamente 1.4% del PIB en aquella nación, de acuerdo con un análisis recientemente divulgado por el Center for American Progress. En el mediano plazo el impacto sería equivalente a 2.6% y reduciría el PIB acumulativamente por 4.7 billones de dólares en la primera década.
Si esos 7 millones de trabajadores no autorizados salieran del territorio estadounidense —calcula ese think tank—, el gobierno de aquella nación perdería casi 900,000 millones de dólares en ingresos, en esos primeros años.
Una estimación conservadora sugiere que las pérdidas de ingresos anuales comenzarían en 50,000 millones de dólares y se acumularían hasta llegar a unos 860,000 millones de billetes verdes en el transcurso de 10 años. Con aumentos asociados con el pago de intereses, la deportación aumentaría la deuda federal por 982,000 millones para el 2026 así como la relación entre deuda y PIB, una medida común de la sostenibilidad fiscal, por seis puntos porcentuales. Niveles altos insostenibles de la relación entre deuda y PIB podrían a la larga aumentar las tasas de interés y ahogar al crecimiento económico. Asimismo, las fuerzas laborales de las industrias más afectadas podrían ver perjudicaciones en porcentajes de dos números.
Los inmigrantes sin autorización de trabajo están distribuidos de manera desigual entre las industrias, con las más altas concentraciones de empleados en la agricultura, la construcción y el ocio y la hospitalidad. Esas tres industrias serían las más afectadas por una política de deportación masiva, observando reducciones en la fuerza laboral entre 10 y 18%, en una estimación conservadora.
Las mayores disminuciones en el PIB ocurrirían en las industrias más grandes, no en las que abundan los inmigrantes; debido a que las industrias también varían en tamaño las pérdidas de valor añadido al PIB nacional causadas por la deportación, se producirían en muchas industrias que no están normalmente asociadas con el trabajo no autorizado. Las tres industrias más grandes de los Estados Unidos en términos de valor añadido son las actividades financieras, la manufactura, y el comercio y ventas al por mayor. Pérdidas anuales de PIB a largo plazo en esas industrias llegarían a 54,300 millones de dólares en el sector financiero, 73,800 millones en la industria manufacturera y 64,900 millones en el sector servicios, respectivamente.
Los estados que cuentan con más inmigrantes sin autorización de trabajo observarían los mayores descensos en el PIB estatal. El Producto en California, por ejemplo, en última instancia se reducirá por 103,000 millones al año, o aproximadamente una caída de 5%; también habría grandes disminuciones en Texas, Nueva York y Nueva Jersey.
Las consecuencias económicas de la deportación de los más de 11 millones de inmigrantes no autorizados, entendidos como consumidores de bienes y servicios de la economía de Estados Unidos, están más allá del alcance de las estimaciones elaboradas por el Center for American Progress. Sin embargo, sus analistas calculan que el costo directo al gobierno estadounidense sería de 114,000 millones de dólares. Cabe destacar que el tema migratorio no se incluyó en este debate.
Efectos Secundarios
DESAHOGOS. El Ejecutivo federal propuso a Javier Juárez Mojica como nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Senado tiene hasta 30 días para resolver al respecto. Juárez Mojica llegaría a dos años de la implementación de la reforma constitucional y con una resolución pendiente sobre las medidas impuestas a América Móvil por considerarse un agente económico preponderante. Su ratificación coincidirá con la definición de los siete nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
vía El Economista
