Por Federico González Luna Bueno
La estructura institucional de la reforma constitucional y legal de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 y 2014 está incompleta, descuadrada. Le falta “un pilar a la mesa” que resulta esencial, ya que aún no se nombra al Contralor Interno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Como parte del diseño orgánico del IFT se concibió la existencia de una Contraloría Interna cuyo titular sería designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Para que no hubiera lugar a dudas, se trata de un mandato que emana directamente del artículo 28 constitucional, no obstante lo cual, tres años después de su entrada en vigor en junio de 2013, sigue sin cumplirse. Pareciera que una falta constitucional y estructural tan grave a nadie importara.
En una cultura de legalidad y transparencia, son necesarios y prioritarios los controles y pesos y contrapesos efectivos a la actuación de cualquier poder u órgano público. Tales controles se hacen aún más necesarios y convenientes cuando, como en el caso del IFT, se trata de un organismo público con un cúmulo de facultades sin precedentes, a juicio de algunos exorbitantes.
El universo de atribuciones del IFT es amplísimo, va desde aspectos regulatorios (creación e interpretación de normas jurídicas), la supervisión, vigilancia y sanción a los agentes económicos que participan en telecomunicaciones y radiodifusión, las relaciones internacionales con otros órganos reguladores extranjeros, y con permanencia en el cargo por siete años de sus comisionados.
Funge como autoridad de competencia económica, por lo que sus regulaciones y decisiones en materia de monopolios y concentraciones económicas ilícitas tienen gran impacto en estos mercados.
Una de sus características más importantes, que lo hacen particularmente poderoso, es que sus resoluciones, todas ellas, sólo son revisables mediante el juicio de amparo indirecto, excluyéndose cualquier otro medio de defensa, y, por si fuera poco, que tales resoluciones no se suspenden: surten sus efectos plenos desde que se emiten, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro ámbito del mundo jurídico mexicano.
¿Es correcto que el IFT sea tan poderoso? El tiempo lo dirá; en su momento se consideró que tal diseño institucional era el correcto para que nada pudiera detener el impulso de desarrollo del sector de las telecomunicaciones.
El hecho es que se otorgaron grandes poderes y facultades para la autoridad que rige a los sectores que aportan 3.4 por ciento del PIB de México y que, desde hace más de 20 años, es uno de los sectores económicos más dinámicos. Tan sólo en el último trimestre de 2015, el subsector de telecomunicaciones fue el de mayor tasa de crecimiento anual con un 20.9 por ciento, por encima del resto de los subsectores de la economía.
La actuación u omisión del IFT además es determinante sobre la calidad y los precios de las tarifas de los servicios que se ofrecen en telecomunicaciones. ¿Cómo aseguramos en el día a día, que sus actos y los de sus funcionarios se ajusten a los mandatos constitucionales y legales?
La respuesta proviene de la propia Constitución: mediante la existencia de una supervisión constante, cotidiana y permanente a través de un Contralor Interno, que pueda observar, advertir, sancionar y corregir prácticas administrativas deficientes, así como recibir quejas, sugerencias e incluso felicitaciones para el actuar del IFT.
Sólo la retroalimentación de un tercero ajeno e independiente, el Contralor Interno, puede cambiar la perspectiva del modo de hacer u obrar cuando sea necesario. Si bien el nombramiento del citado Contralor no depende directamente del Instituto, es un pendiente que lo mismo debería preocupar a legisladores, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los propios comisionados del IFT.
El Instituto festejó sus 3 años de existencia sin Contralor Interno, sin un contrapeso indispensable previsto desde el diseño original del organismo. Cuestión de transparencia y sobre todo de límites.
vía El Financiero