Por José F. Otero
Las últimas semanas han sido muy activas en todo lo relacionado al tema de espectro radioeléctrico en México. Para quienes no entienden bien qué es el espectro radioeléctrico, es el insumo por el cual las ondas de radio, televisión y otros servicios de telecomunicaciones se transmiten desde su origen hasta el dispositivo que recibe la señal. En otras palabras, cualquier aparato que nos comunique con otra persona o conecte a Internet y no tenga cables utiliza parte del espectro radioeléctrico.
Hay algo muy importante que recordar: el dueño del espectro radioeléctrico es el Estado. Como propietario de este activo, muchas veces las autoridades del país deciden arrendarlo por un periodo específico de tiempo y con una finalidad específica como la oferta de televisión digital o de servicios móviles. Pero no todo el espectro genera al gobierno un ingreso monetario directo por su uso, hay pedazos de espectro que pueden ser utilizados por los usuarios sin necesidad de autorización o licencia por alguna entidad gubernamental. El mejor ejemplo son las conexiones wifi, donde las personas por medio del llamado “espectro no licenciado” o “espectro de uso libre” se conectan de forma inalámbrica a Internet.
La importancia del espectro radioeléctrico en las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) no puede ser mayor. Si por años estuvo escuchando si se subastaba o no un tercer canal, realmente lo que se discutía era cuándo se otorgarían las franjas de espectro radioeléctrico asignadas para dar ese servicio. Si otro día escuchó en la radio (servicio que depende del espectro para su existencia) que varios operadores estaban pidiendo capacidad para mejorar su oferta de servicios de banda ancha móvil, en realidad lo que estaban diciendo es que necesitaban más espectro.
¿Se acuerda todo el ruido por la migración a televisión digital y las numerosas alertas sobre el apagón analógico? Realmente lo que estaba ocurriendo es que el gobierno quería recuperar las bandas de espectro radioeléctrico utilizadas para servicios analógicos, entregando a cambio nuevas porciones de espectro radioeléctrico para que las televisoras pudiesen ofrecer el servicio digital. No lo parece, pero la administración del espectro radioeléctrico tiene un enorme impacto en la vida de todos.
En la actualidad, el tema más candente que tiene como protagonista al espectro radioeléctrico es la llamada red compartida. La idea es otorgar a un socio del sector privado, en una franja bastante cotizada, una porción de espectro radioeléctrico (90 MHz en la banda de 700 MHz) para la oferta de servicios mayoristas de banda ancha móvil.
Las opiniones sobre este proyecto son numerosas, bastante disímiles y apasionadas. Los altercados dialécticos no han faltado y las voces criticando la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no se han hecho esperar. Es cierto que la SCT es quien controla la adjudicación del espectro en México y también es cierto que el IFT tiene como mandato “regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico”; lo cierto es que ninguna de estas entidades al final del día tiene el poder de deshacerse de la Red Compartida como proyectó la fecha establecida como límite (2018) para su servicio comercial.
Quienes critican el desarrollo de la Red Compartida y dirigen sus críticas al IFT, la SCT o ambas, tienen que afinar su puntería. Aunque desearan hacerlo, ninguna de estas dos entidades tiene el poder de finiquitar este proyecto. Según el Artículo 135 de la Constitución, esa responsabilidad recae sobre el Congreso de la Unión, donde dos terceras partes de los presentes tienen que votar a favor de enmendar la Constitución y esperar que la mayoría de las legislaturas estatales apruebe la enmienda.
Mientras esto no suceda, pedir al IFT o a la SCT la cancelación de la red mayorista es perder el tiempo.
*Director de 5G Americas para América Latina; esta columna es a título personal.
vía El Economista
