Por José F. Otero
Una de las importantes transformaciones que estamos contemplando en los diferentes mercados de América Latina y el Caribe es la creciente importancia que los gobiernos están asignando a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). La mayoría de las iniciativas tienen como punto de partida su enfoque en el acceso. O dicho de forma sencilla, fomentar la adopción de servicios de telecomunicaciones.
Para lograr este objetivo, se han ido creando distintos planes de conectividad que enfocan esfuerzos para promover los servicios de banda ancha, sobre todo en las localidades rurales o de difícil acceso de cada jurisdicción. En otras palabras, los gobiernos de la región han establecido metas mínimas de crecimiento en adopción de tecnología, despliegue de infraestructura y en acelerar la innovación tecnológica del país. El resultado esperado de estos planes es que a través de la coordinación de esfuerzos se pueda eliminar la duplicidad de esfuerzos y mejorar la utilización de los recursos disponibles.
No obstante, aún existen numerosos obstáculos en muchas de las iniciativas regionales para impulsar los servicios de banda ancha. Entre ellos se podría mencionar la falta de una definición clara de cuál es la velocidad mínima que se estará ofertando bajo esta iniciativa y qué sería considerado como banda ancha. Tampoco hay un cronograma que indique los incrementos en velocidades mínimas de acceso a Internet para que las mismas puedan continuar siendo clasificadas como banda ancha. La experiencia internacional tanto en Europa como en EU y Canadá muestra que periódicamente hay una revisión en la definición de este concepto para incrementar la velocidad mínima.
Un caso latinoamericano que puede citarse es el de Colombia, donde la Resolución 1740 del 2007 expedida por la CRT (ahora CRC) fijó como velocidad mínima para la clasificación de banda ancha a las conexiones de 512 Kbps. Esta velocidad fue revisada en el 2009 para fijar 1 Mbps como velocidad mínima para que los accesos a Internet puedan ser clasificados como banda ancha. Se espera que esta velocidad nuevamente sea revisada y aumentada para reflejar los avances de Colombia en la oferta comercial de banda ancha.
Otro obstáculo que enfrentan los entes de regulación al formular sus planes de conectividad es definir el rol que jugaran las empresas privadas en el financiamiento de los proyectos. Esta situación es exacerbada en algunos mercados por la fuerte confrontación —ya sea de forma directa o indirecta— del gobierno con el sector privado. Por ejemplo, en el pasado reciente de Argentina hubo incertidumbre sobre la legalidad de licencias de telecomunicaciones o cuáles eran las limitaciones para ofrecer nuevos servicios como TV de paga. La imposición de topes de precio que no consideraban la inflación también fue un fuerte tema de discusión por varios años en el país sudamericano. Hay que mencionar que una importante falencia de varios planes de conectividad regional es la poca importancia que se le da al desarrollo y distribución de contenidos. Son propuestas mayormente centradas en incrementar el acceso a banda ancha, pero con muy poco enfoque en el tipo de contenidos que será transmitido por estas redes de telecomunicaciones. En este sentido, iniciativas enfocadas en fomentar la teleeducación, telesalud y teletrabajo son mínimas. Tampoco se ha obtenido el éxito esperado de las diversas iniciativas de gobierno electrónico, mayormente por no poder comunicar correctamente a los ciudadanos cuales son las ventajas de hacer trámites gubernamentales por Internet.
América Latina aún tiene mucho camino que recorrer en la integración de contenidos en sus planes de conectividad para de esta forma impulsar ese desarrollo que culmina en crecimiento económico y una mejor calidad de vida de cada habitante de la región. Lo mismo puede decirse de los dispositivos que llevan los contenidos a las manos del usuario. Se puede tener gran cobertura y excelentes contenidos, pero sin un dispositivo que pueda acceder a ellos el beneficio para el consumidor es nulo.
* José Otero es director de América Latina de 5G Americas. Esta columna es a título personal.
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vía El Economista