Por Javier Orozco
El tema de la transición a la televisión digital terrestre (TDT) ha tenido, desde su inicio, puntos para debatir. Al margen de que The Wall Street Journal (WSJ) diera a conocer una nota sobre la probable existencia de corrupción en la entrega de televisiones, se deben aclarar muchas dudas respecto al proceso de licitación, al padrón de entrega y los beneficiarios que los recibieron, así como las justificaciones técnicas de tal medida.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha desvirtuado punto por punto lo que afirma dicho diario; si bien se ha dado a conocer que la Auditoría Superior y el testigo social no reportan ninguna anomalía, la mejor manera de desvirtuar es dar a conocer toda la información.
El gobierno federal (SCT, Inegi, Sedesol) debe coordinarse con el Ifetel para un cruce de datos, aclaraciones técnicas y procedimientos, para que de manera completa den a conocer todo lo que giró en torno a la TDT.
Se habla de un supuesto cobro de entre 12 y 18 dólares por la entrega de cada televisor que se adjudicó a la empresa Diamond, se estaría ante una posible ganancia ilegal de entre 78 y 117 millones de dólares. Un hecho así no puede quedar sin aclararse.
Es momento de que la SCT no deje dudas y active su órgano interno de control y dé parte a la propia Procuraduría General de la República; si bien no se mencionan nombres, el daño a la dependencia está hecho y debe evitar la sospecha y revertir la opinión.
Este tipo de noticias sobre presuntas irregularidades, la mejor manera de combatirlas es con transparencia en la rendición de cuentas y la SCT debe tener los elementos.
vía Especialistas
