Los políticos quieren regresar a la regulación de medios de 1917

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Por Javier Tejado Dondé

En Estados Unidos una campaña electoral con amplia cobertura de prensa, muchas entrevistas, numerosos reportajes de investigación y sobre todo varios debates –todos ellos realizados por estaciones de TV privadas, como ABC, NBC y FOX– ha permitido contrastar posiciones y permitir al electorado norteamericano elegir a su candidato favorito.

Estos debates, entrevistas y hasta sátiras políticas no sólo han sido vistos en EU, también en México y en muchos otros lugares del mundo. Es penoso señalar que en México este tipo de campañas y su cobertura en medios no se pueden hacer. Veamos por qué:

*NO a los debates: luego de que una estación de radio de Guadalajara hiciera un debate entre los tres candidatos punteros a la alcaldía de la ciudad (PAN, PRI y MC), ésta fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial bajo el argumento de que a los debates se debe invitar a todos los candidatos y no sólo a los punteros. Con este precedente nadie se animó a hacer debates en otras elecciones del 2015 ni del 2016. Sencillamente, hacer debates entre los 9 partidos políticos nacionales (y luego adicionar a los candidatos independientes) hace imposible cualquier moderación y generar interés entre la población.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está tratando de cambiar esto vía su Reglamento de Elecciones, pero varios partidos políticos ya han acudido de vuelta al Tribunal Electoral para que se les tenga que invitar a todos e incluso han agregado en sus peticiones que los debates sólo puedan ser hechos por el INE. Con ello, al día de hoy nadie quiere arriesgarse a hacer debates en radio y TV por miedo a ser sancionado (una sanción puede llegar a costar la propia frecuencia de radio o canal de TV en donde se realizó el debate).

*NO a las entrevistas: de igual forma, el Tribunal Electoral y el INE tienen una serie de criterios vigentes por medio de los cuales es altamente probable que una estación de radio o canal de TV sea sancionada si da una entrevista “favorable” a un candidato. Esto, pues se presumirá que hubo una “adquisición indebida” (aunque no exista contrato ni pago de por medio).

Con ello, si los medios quieren evitar ser sancionados tienen dos opciones: golpear periodísticamente al invitado –a tal grado que nadie quiera ir a entrevistas –o sencillamente no hacerlas. Esto último es algo que han venido haciendo varios grupos de medios como Grupo ACIR, Radio Fórmula y Televisa, entre otros.

*NO a las notas informativas: prácticamente lo único que queda para hacer periodismo en México son las notas informativas que la radio, la TV, las revistas y los periódicos generan a efecto de dar a conocer a candidatos y sus partidos. Es así como nos hemos enterado de cuentas millonarias, de lujosas propiedades, de prestanombres por doquier y de cómo con recursos públicos en pocos años son varios los políticos que viven una vida glamurosa y suntuaria.

Gracias a EL UNIVERSAL, ayer nos enteramos que varios partidos (curiosamente los de izquierda, PRD y Morena) pretenden incluso que no haya ninguna nota informativa que les pueda “agraviar”. De haberlas, quieren ocupar el espacio del periódico, la revista, la radio, la TV o el portal de noticias que les haya “agraviado”. No importa que la información sea cierta. Se trata de que en México ningún partido político ni sus candidatos se sientan afectados.

Nadie en su sano juicio pensaría en darle cabida a semejante amenaza a la libertad de expresión, pero increíblemente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, ha circulado un proyecto que pretende anular la libertad de expresión de los medios de comunicación y limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Este proyecto tiene fecha para ser votado el 7 de noviembre próximo, irónicamente un día antes de las elecciones norteamericanas.

Lo que en la Corte se discutirá es cómo los políticos tienen acceso a los medios de comunicación para dar su punto de vista, es decir, replicar La ley vigente que los partidos impugnan establece que para darle razonabilidad a la réplica se tienen que juntar dos elementos: a) información falsa o inexacta y b) que exista un agravio.

Lo que los partidos quieren y el proyecto de la Corte establece es que se quite el elemento de “falsedad o inexactitud” de la Ley de Réplica y con ellos los políticos puedan replicar cualquier información que les agravie (aun siento cierta), algo que se siempre subjetivo.

Sencillamente, la clase política quiere reinstalar la Ley de Emprende de 1917 en la que Venustiano Carranza señalaba que los políticos se podían defender de cualquier agravio en los periódicos y revistas con réplicas de hasta tres veces el tamaño de la nota original.

A quién se le puede ocurrir semejante cosa en pleno
Siglo XXI y con los avances tan amplios en materia de libertad de expresión en redes sociales Pues a la clase política mexicana misma que se ha encargado de pro
hibir debates anular entrevistas y ahora busca silenciar
a todos los medios de comunicación que se atrevan a agraviarla.

Esperemos que la SCJN amplía y no restrinja el flujo de la información, y que obligue a la clase política a enfrentar la crítica con argumentos y no escondida en una resolución judicial que lo único que busca es acallar a cualquier medio que se atreva a cuestionarla.

Cambiando de temas: *La compra de Time Warner (CNN, HBO) por AT&T por $85.4 mil mdd deja ver la importancia que para las empresas de telecomunicaciones tienen las empresas de contenidos. Este no es el primer caso, pues ya operan conjuntamente también NBC Universal y Comcast.

En México también se están conjuntando empresas para hacer sinergías, aunque aquí la operación fue al revés, pues una empresa de contenidos -Televisa- adquirió empresas de telecomunicaciones (cableras) para posicionarse en un entorno global y convergente.