Por Darío Celis
En aras de comprar el mayor número de medicinas al mejor precio, el gobierno federal provocó un triángulo perverso entre el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, gobiernos estatales, Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) y la industria farmacéutica.
¿El resultado?, un control de precios entre distribuidores, laboratorios y farmacias, en detrimento del consumidor. La investigación anunciada este miércoles por la titular de la Cofece, Alejandra Palacios, es una de las tres pistas de este gran circo.
En la segunda pista se desarrolla el conflicto entre particulares: las farmacias contra los distribuidores y los laboratorios. La Cofece analiza la disputa que involucra a los productores de genéricos, pero sobre todo a los “consolidadores” de precio entre los productores de fármacos para el sector público.
Aquí está el núcleo de la investigación de la Cofece contra la industria productora de genéricos, pero también el origen de los problemas con el sector salud, ya que éste último demanda volúmenes de producción de medicamentos que ninguna empresa tiene capacidad para abastecer las compras de gobierno.
Por lo tanto, los comercializadores consolidan, parten y comparten precio y capacidad de producción. Hablamos de distribuidores de medicamentos e insumos, como Dimesa, de Alejandro Álvarez; Marzam, que dirige José Alberto Peña, y Fármacos Especializados, de José Antonio Pérez Fayad, etcétera.
Con la política de bajo precio en las compras de gobierno, dicen los privados, los distribuidores están obligados a organizar por cada clave, a tres o cuatro laboratorios para convenir un precio bajo.
Pero ese no es un problema que nosotros originamos, añaden, esto es provocado por el sector salud y entra en confrontación con la competencia. Y el sector salud es la dependencia al mando de José Narro, el IMSS, a cargo de Mikel Arriola, y el ISSSTE, de Jesús Reyes Baeza, como principales compradores.
De las más de mil 700 claves del que se estarán licitando para 2017, subastas que arrancan a partir de la próxima semana, el 60% están convenidas ya entre laboratorios transnacionales y mexicanos con los grandes distribuidores.
En la tercera pista del circo se encuentra la investigación por la venta de Marzan, tras la divulgación de los Panama Papers que dejaron al descubierto la realidad de la compra, que mayoritariamente financió Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro, con 83 millones de dólares.
Las sanciones podrían alcanzar hasta 10% de los ingresos anuales de Nadro, incluso la autoridad antimonopolios podría determinar la desinversión de Möench Cooperatief en Marzam, pues se reveló que el fondo holandés solamente fue la cara que encubrió a Matarazzo. De acuerdo con la Ley de Competencia Económica, las personas físicas que resulten responsables de las prácticas monopólicas podrían ir a la cárcel.
IFT MALO
Atrás de los dos consorcios que se inscribieron por la Red Compartida, Altan y Rivada, hay muchos interesados encubiertos en la opacidad que alentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Por ejemplo, el famoso abogado Miguel Escobedo, que junto con Mony de Swaan hace unos tres años antes pidió a Francisco Gil Díazrenunciar a Telefónica Movistar porque “vamos a ganar la red”. Casi simultáneo a la entrega de posturas técnicas y económicas, la semana pasada Gabriel Contreras y los suyos sacaron una consulta pública sobre lineamientos de compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión que pasó desapercibida.
Lo que en esencia busca Contreras y su pandilla es obligar a todos los operadores a cederles sus torres, ductos, cables, centrales, y demás al ganador de la Red Compartida. No les bastó regalarles el 90% del espectro, no obligarlos a invertir casi nada de dinero, a acceder a financiamiento de la banca de desarrollo y a cancelar la licitación de la banda de 2.5 gigahertz. Ahora esto.
PEMEX SACA
Pemex acaba de publicar en Compranet las bases de la licitación para adquirir bajo la figura de arrendamiento unos dos mil 94 automotores, divididos en dos grandes partidas. Una de mil 173 y otra de 921 unidades.
Se trata del Servicio Integral de Transporte Terrestre de Pemex y sus empresas subsidiarias, programa que implicará un desembolso de unos mil 500 millones de pesos para la empresa dirigida por José Antonio González Anaya. La junta de aclaraciones es la próxima semana y los actos de aperturas son los días 9 y 22 de noviembre. La convocatoria especifica que se utilizará el esquema de subastas en reversa, lo que se anticipa será una auténtica “carnicería” entre los oferentes.
Entrarán Jet Van Car Rental, de Cuauhtémoc Velázquez; Casanova Rent, de Joaquín Echenique; Integra Arrenda, de José Abascal; Tecno Alta Distribución, de Carlos Bayo; Arrendomóvil, de Juan Antonio Hernández, y Ferbel Norte, de Fernando Beltán y Solar Auto de Heriberto Farías, entre otros.
ALISTAN SAPI
Pues nada, que hace exactamente una semana se realizó en la discreción total el consejo en el Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM). Lo presidió en nombre del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, la subsecretaria de Transporte Yuriria Mascott.
El director de la empresa paraestatal, Federico Patiño, entregó el Plan Estratégico y la visión de negocios, habló de las etapas constructivas del Nuevo Aeropuerto de la CDMX así como de sus objetivos trimestrales. Es probable que la próxima semana se efectúe la Asamblea del GACM en la que se aprobarán tanto la transición a SAPI gubernamental como la incorporación de tres nuevos consejeros independientes, asunto que le platiqué hace unos días. La terna ya está designada.
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vía Dinero en Imagen