Por Nicolás Lucas
Una tardía propuesta del Ejecutivo para elegir al nuevo comisionado del IFT evidenció que la reforma de telecom necesita de ajustes y que además se pudo haber afectado al escalonamiento de salida y llegada de comisionados.
La primera elección de un comisionado como sucesor de otro que concluyó su ciclo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones se logró conforme a los mecanismos establecidos en la reforma del 2013, pero el proceso de nombramiento y ratificación del nuevo integrante del pleno del IFT fue objeto de críticas y evidenció que no estaría de más realizar algunos ajustes constitucionales a la ruta de designación de los futuros comisionados del ente regulador.
El Senado de la República ratificó el 18 de octubre al nuevo comisionado que a partir de entonces acompañará a los otros seis que integran la cúpula directiva del IFT, aunque desde entonces nació la duda acerca de que su periodo de labor debía considerarse desde el día en que fue elegido o desde marzo, inmediatamente después de que terminó el ciclo del hoy ex comisionado a reemplazar.
La ratificación del nuevo comisionado se dio casi ocho meses después de que el anterior funcionario a dejó el cargo, en febrero, pero que para antes de esa fecha el jefe del Ejecutivo ya tenía que haber propuesto un sustituto y ratificado o, en su caso, rechazado por el Senado, que fue quien al final señaló a Los Pinos como el causante de la polémica que se desató por haber mandado a destiempo su propuesta, aun teniendo posibles candidatos desde octubre del 2015.
Este hecho ya había provocado cuestionamientos de la industria y de los analistas sobre qué tanto afectó al IFT en sus decisiones importantes la vacante de uno de sus puestos de liderazgo.
Se cuestionó también si no era el mismo Ejecutivo el que restaba importancia a un órgano autónomo como lo es el IFT y que él mismo impulsó en las reformas estructurales del 2013, y que además el sólo hecho del retraso podría afectar al escalonamiento de ingreso y salida de comisionados del pleno del IFT, mecanismo que se traduce, entre otros, como una medida para fortalecer la independencia y autonomía del regulador ante el gobierno en turno.
Durante la vacancia de casi ocho meses, fue el comisionado presidente del IFT el que tuvo, si así ocurrió en cada sesión del pleno en particular, en desahogar con su voto las diferencias que hubiesen surgido, otro resultado de la elección a destiempo del nuevo comisionado que preocupó a la industria y a los analistas.
Este medio preguntó recientemente al jefe en el IFT sobre el tema en particular, a lo que respondió Gabriel Contreras, comisionado presidente de la entidad reguladora: “El diseño constitucional que tiene el Instituto es el de un cuerpo colegiado. Las decisiones son las de un cuerpo colegiado y se asume, por supuesto, que no sean por unanimidad y se asume que va haber siete comisionados que van a discutir; que cada uno de los siete va a aportar su experiencia, su visión de las cosas y su voto para resolver cualquier asunto, ya sea un asunto entre concesionarios, un asunto de política pública, un asunto regulatorio o incluso una sanción. Si descontamos que eso va a pasar, si asumimos que las decisiones se toman por mayoría, las reglas del juego son muy claras, es la mayoría la que va determinar qué va a hacer en cada caso y hay un principio de supervivencia del órgano: no se puede obstaculizar, no se puede frenar la actuación administrativa por la falta de nombramientos y la regla que escogió la ley, es que en caso de empate, ante la ausencia de uno de los comisionados que prevalece el voto de calidad del presidente”.
“Es una regla que está allí desde antes que se generara la vacante y es un principio de supervivencia de la actuación administrativa. De otra forma, tendría que esperar el cuerpo colegiado plenamente integrado para resolver cada caso”, platicó Gabriel Contreras en aquella entrevista.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones “no es culpable” de los desfases en la elección del nuevo comisionado, pero hay que voltear a mirar al Senado y a Los Pinos, comentó Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia.
De acuerdo con la representante de Observacom, el nombramiento tardío del nuevo comisionado reflejó un desinterés del jefe del Ejecutivo y poco ánimo de proteger la autonomía del IFT, además de que hizo más claro, “aunque es legal”, que el pleno del IFT tiene un sistema de elección “presidencialista” con el hecho de encargarle todo al comisionado presidente.
“Escoger un comisionado es complejo y en este caso no pareció que el interés por el órgano regulador fuera suficiente, a uno que además impulsó para demostrar que desde allí (Los Pinos) querían competencia. En efecto, Peña Nieto se tardó demasiado y no hay justificación por la dilación que tuvo el presidente para enviar el nombre a sustituir al ex comisionado”.
Y Aleida Calleja añadió: “Pienso que es muy complejo elegir un comisionado y por tanto se debe blindar el diseño institucional desde el Congreso, porque también está el hecho de que una tardanza o el escoger entre una terna también se puede dar una facultad discrecional del Ejecutivo”.
El Congreso, en este caso, el Senado pudo haber subsanado la tardía propuesta del Ejecutivo, evitando entonces que a futuro pueda afectarse de alguna manera del equilibrio del escalonamiento de periodos de gestión en el pleno del IFT.
El retraso del Ejecutivo para enviar su propuesta no fue ilegal; el presidente Peña Nieto no incumplió, pero pudo ocurrir que tardara hasta doce meses en proponer un nombre y entonces se empalmara esta elección con la del siguiente nombramiento.
Una acción para evitar de nueva cuenta este tipo de escenarios es la posibilidad de que el Legislativo realice una serie de ajustes a los tiempos y mecanismos de nombramientos, con lo que se le establezca fechas límite al Ejecutivo en la designación de candidatos.
“El presidente no incumplió. El asunto está en que el presidente no tiene definido un plazo en la Constitución para enviar propuestas previo a que salga un comisionado. El riesgo está en que se presente un desequilibrio en el escalonamiento constitucional, que es un logro de la reforma para asegurar independencia del órgano”, planteó Fabiola Peña, abogada especializada en telecomunicaciones del despacho Entuizer.
Ahora mismo, un comité interinstitucional integrado por los jefes del Banxico, INEGI y del INE, entre otros notables, lanzó la convocatoria para elegir a la persona que sustituirá al comisionado Ernesto Estrada cuando éste concluya su ciclo en el IFT en febrero del 2017.
En riesgo se puso el escalonamiento, coincidió José Luis Peralta, comisionado en la desaparecida Cofetel: “Principalmente la pérdida del escalonamiento, cuyo objetivo es asegurar la independencia del IFT del gobierno en turno, pues se empalmaría con el nombramiento que debería ser para finales de febrero del 2017”, dijo el experto.
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vía El Economista
