Por Javier Tejado Dondé
En Estados Unidos, Donald Trump está afectando a los medios de comunicación y a los operadores de telecomunicaciones. Tenemos el caso del New York Times que ha sido criticado/amenazado por el presidente electo. Ahora, el prestigiado medio impreso está realizando una campaña para conseguir suscriptores y defender su periodismo crítico y de investigación bajo el lema “Real Reporting. Real News”.
Pero hay suspenso en operaciones ya anunciadas muy relevantes. Por ejemplo, la adquisición de Time Warner que haría AT&T, valuada en $85 mil millones de dólares, por las declaraciones de Donald Trump en contra de la operación; o incluso, tenemos que Trump quiere echar para atrás la consolidación entre Comcast y NBC-Universal y también revertir cómo se regula en Estados Unidos el internet (neutralidad de la Red).
De igual forma, también están otros temas que aunque no estaban formalizados, quizá tengan que esperar. Entre ellos están la compra de Yahoo por Verizon por cuestionamientos de ciber-seguridad o la salida de Univision a la Bolsa de NY, con la que Trump también ha tenido diferencias editoriales.
Si esto está pasando en las comunicaciones norteamericanas, ¿qué se puede esperar en México? De entrada, la devaluación del peso y la posible revisión del Tratado de Libre Comercio están generando mucha incertidumbre, lo que hará que medios de comunicación y operadores de telecomunicaciones sean cautelosos en las inversiones que realicen en el país.
Con este nivel de incertidumbre, la licitación de la “cuarta cadena” de TV y algunos canales adicionales (en curso desde el día de ayer) pareciera estar en riesgo, al igual que en varias plazas la licitación de 257 estaciones de radio (también en curso). Incluso, la recién asignada Red Compartida enfrenta un panorama muy distinto al que existía en octubre del presente año, cuando el consorcio Altán ingresó su oferta para la que tendría que invertir más de $7 mil millones de dólares.
En este contexto vale preguntarse qué debe hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para promover la competencia y el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
El IFT debería evitar “innovar” con la aprobación de políticas regulatorias que no se han visto en otros lugares del mundo, como la del proyecto de Lineamientos para el Despliegue y Compartición de Infraestructura que sometió a consulta pública recientemente. Así lo dejó ver la propia Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), al señalar formalmente que en ningún país se obliga a los concesionarios (no preponderantes) a compartir su infraestructura, al contrario, lo que se busca siempre es fomentar y privilegiar los acuerdos entre particulares.
Desgraciadamente, proyectos regulatorios como el señalado no hacen más que abonar una dosis aún mayor de incertidumbre a los operadores de telecomunicaciones. Así lo dejaron ver todos los operadores del sector: AT&T, Telefónica, Cablevisión, Megacable, Axtel, Alestra, Total Play, Tv Azteca y Avantel, quienes ya manifestaron su oposición al proyecto.
Sencillamente el IFT debe simplificar trámites, dar certeza en sus decisiones y fomentar la competencia en un entorno de mayor flexibilidad para operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y respecto a los preponderantes, América Móvil (AMX) y Televisa, más que dictarles nuevas medidas, que se cumplan las que ya tenían.
Vienen momentos muy complejos en el sector de las comunicaciones y aunque el IFT no es parte del gobierno, debe tener sensibilidad para entender el contexto en que están entrando los medios de comunicación y los operadores de telecomunicaciones en México. Esta será la primera prueba transexenal que enfrentará el IFT. Si de por sí en ningún otro país del mundo hay un regulador de telecomunicaciones “autónomo” de su respectivo gobierno, las decisiones que ahora tome el IFT podrán dar pie a llamados para sectorizarle en el gobierno que iniciará funciones en el 2018. De hecho, quien sea el siguiente Presidente de la República seguramente preferirá volver a tener el control de las comunicaciones nacionales. Lo que haga (o no haga) el IFT en los siguientes meses podrá generar un discurso para que el nuevo gobierno retome la rectoría del sector de las telecomunicaciones, más con el precedente y la intervención que en este sector está ya prefigurando Donald Trump.
Nos encontramos, sin duda, en un momento crítico para los medios de comunicación y para los operadores de telecomunicaciones. ¿Estará a la altura el IFT ante el reto que ello representa? Ojalá que así sea.
Vía El Universal