Por Gerardo Soria
El viernes pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descalificó a Rivada del proceso de licitación para la Red Compartida. El argumento fue que no había entregado en tiempo la garantía de seriedad, aun y cuando la entregó antes de la apertura de las ofertas. El inversionista irlandés y director general de Rivada, Declan Ganley, a través de su cuenta de Twitter dijo que el proceso apestaba y que la SCT quería favorecer a Altán.
Aunque la Ley de Asociaciones Público-Privadas permite a la SCT hacer un análisis integral y lógico sobre las ventajas de cada proyecto, sin las ataduras estrictas de la Ley de Adquisiciones, parece que esta flexibilidad sólo se aplica cuando se trata de Altán y no de Rivada, como si alguien tuviera un interés particular en que gane el grupo que contará con financiamiento público y los socios más disímbolos, en un consorcio hecho de pedacería para simular fortaleza técnica y económica pero apoyándose en socios operadores que no operarán nada (Axtel y Megacable), fondos constituidos por los gobiernos de México y China, la banca de desarrollo mexicana, el ahorro de los trabajadores (las afores) y abogados a los que se vio muy cerca de Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuando éste estaba cabildeando la idea de la Red Compartida en las reuniones del Pacto por México.
Y las suspicacias del señor Ganley no son de gratis, ya el 13 de octubre del 2016, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adolfo Cuevas, había advertido: “Un tanto sorpresivamente, se conjuntan aquí varias instituciones financieras para aportar de manera indirecta recursos públicos, porque es a través de fideicomisos, y algunos de éstos con carácter irrevocable; compromete la visión sobre el proyecto entero de Red Compartida en el sentido de si a diferencia de la propuesta que acabamos de conocer de Rivada, donde en general son particulares aportando con una visión empresarial, estamos aquí frente al caso de un grupo que no alcanza a cubrir los riesgos reales y busca apoyo en dinero público”. […] “Cuando observamos la posible participación conjunta dentro de los rangos que revela la solicitud de opinión en esta materia, de parte de los que manejan dinero público, vemos que esa aportación podría ser de 100%, podría ser dinero totalmente público si vemos los máximos de rangos de aportación que ellos nos revelaron en la solicitud de la materia”.
Y termina preguntándose: “¿Quién tiene el poder de conjuntar y hacer que cuatro fondos que manejan dinero público sorpresivamente, para mí, aparezcan en un solo lado de la ecuación?”. Y yo le contesto: ¡Metepec, señor comisionado, todo México es Metepec!
El gobierno no sólo está financiando el proyecto de Altán en condiciones ventajosas frente a Rivada. También ha actuado de manera parcial en perjuicio de Rivada en por lo menos otros dos momentos: (i) cuando Altán no lograba cerrar el financiamiento para el proyecto, que al final recaerá en los ahorros de los mexicanos y en la banca de desarrollo, la SCT modificó el calendario de la licitación para darle más tiempo a Altán y poniendo como pretexto la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y (ii) a pesar de que la opinión del IFT se otorgó a favor de determinados integrantes del consorcio Altán, los que al final participaron en la oferta son distintos a aquellos que obtuvieron la opinión favorable.
De acuerdo con el IFT, Altán estaría integrado por North Haven Infrastructure Partners; Isla Guadalupe Investments; Corporación Financiera Internacional; China-México Fund; Hansam, S.A. de C.V.; Mega Cable, S.A. de C.V.; Axtel, S.A.B. de C.V.; Caisse de Dépôt et Placement du Québec; el fideicomiso irrevocable número F/1875, y el fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios F/2292.
Sin embargo, en el comunicado de la SCT sobre la presentación de la propuesta de Altán hay diferencias en la conformación del consorcio, y se incluye a tres entidades que no fueron objeto de análisis por parte del IFT: Marapendi Holding; el fideicomiso de administración 2431, y el fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles “Fflatam-15-2”. Puede ser que sean parte de los mismos grupos de interés, pero puede ser que no. Lo cierto es que la SCT midió con diferente vara a Rivada y a Altán. La primera debió apegarse a la letra a las bases de licitación, mientras la segunda puede modificar el consorcio a su gusto.
En resumen, aquel que iba a invertir su dinero no gustó en Metepec, siempre es mejor el dinero público. Arraigados usos y costumbres.
vía El Economista
