Por Nicolás Lucas
Un juzgado especializado en telecomunicaciones definió que el amparo de Rivada Networks en contra de su descalificación de la licitación de la Red Compartida es improcedente, por lo que remitió la queja a la jueza que ya había desechado una primera vez la solicitud.
Un juzgado especializado en telecomunicaciones resolvió que no cuenta con las atribuciones para atraer y desahogar un amparo de la empresa Rivada Networks en contra de su descalificación del proceso licitatorio de la Red Compartida que dirige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La jueza Silvia Cerón, del segundo juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y con jurisdicción en toda la República Mexicana, definió que la solicitud de Rivada no se trata de un asunto directamente relacionado con las telecomunicaciones, sino de un tema de materia administrativa.
De esta manera, Silvia Cerón regresó la solicitud de Rivada Networks a su colega Alma Delia Aguilar Chávez, jueza en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien ya había declinado discutir este caso por considerarlo un tema de telecomunicaciones.
Alma Delia Aguilar Chávez puede ahora admitir la demanda de amparo de Rivada o bien, mantener su postura y desecharlo por segunda ocasión.
El consorcio encabezado por la empresa Rivada Networks fue descalificado del proceso el viernes 4 de noviembre, porque a argumentación de la SCT no presentó en tiempo y conforme lo establecían las bases del concurso los documentos que avalaran una garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos. Rivada se inconformó y entonces presentó el lunes pasado un recurso de amparo, el cual fue desechado a media semana por la jueza Alma Delia Aguilar Chávez.
De acuerdo con expertos, es posible que se genere ahora un conflicto entre juzgados hasta definir a cuál de ellos compete resolver la demanda de Rivada, lo que dará tiempo a la Secretaría de Comunicaciones a emitir el fallo definitivo sobre la licitación de la Red Compartida este jueves 17 de noviembre.
El segundo revés para Rivada en los juzgados también denota que el equipo de la compañía no habría encontrado los mecanismos correctos para presentar sus quejas, añadieron los abogados. “La actuación de los representantes legales de Rivada y la forma en que se han conducido en el procedimiento de licitación nos deja en claro su falta de seriedad e incluso, impericia”, plantea Karina Martínez, experta en temas legales de competencia económica y telecomunicaciones.
“La jueza en materia administrativa debe reconsiderar”, dice por su parte Irene Levy, abogada especialista en temas de telecomunicaciones. “En mi opinión, es competencia de la jueza en administrativo, no del especializado. Jueza Aguilar debe aceptar su competencia. Si la jueza acepta, aún daría tiempo a Rivada de la suspensión del procedimiento antes del fallo”, añade.
Pero si la jueza en materia administrativa no acepta resolver el amparo de Rivada, los juzgados tendrían que definir a quién corresponde y en el inter llegaría el periodo de vacaciones del Poder Judicial, por lo que el amparo se resolvería ahsta el 2017 y entonces Rivada tendría que redefinir sus argumentos.
Las Red Compartida es un proyecto de telecomunicaciones, que prevé inversiones por cerca de 7,500 millones de dólares para desplegar aproximadamente 10,000 radiobases y otros elementos de infraestructura a lo largo del país, y para explotar también 90 MHz de ancho de banda en las frecuencias de los 700 MHz, que a su vez es una de las bandas más propicias para llevar cobertura de servicios móviles a zonas remotas.
El gobierno mexicano ha presumido que la red cubrirá cuando menos el 92% del territorio nacional, que llegará al 98% de los mexicanos y que disminuirá en 50% los precios mayoristas. De lograrlo, alrededor del 70% de los hogares del país tendrán la posibilidad de contratar un servicio de Internet de banda ancha y también, que sus tarifas disminuyan hasta en un 45% para después del año 2018, en comparación con las que pagaban en el año 2015.
Declarar desierta la licitación de la Red Compartida es una posibilidad, pero entonces la SCT se arriesgaría a enfrentar ahora una demanda del consorcio Altan, el único que sigue en la competencia y que fue avalado por la dependencia en el cumplimiento de todos los requisitos como participante en el proceso.
“Lo conveniente es que siga con el procedimiento. La única certeza que en este momento tiene la SCT es que Rivada va a pelear el haber sido descalificada y eso lo debe hacer hasta que se emita el fallo, pues al promover el amparo sin mediar recurso alguno, tomó el camino de la intervención judicial y tendría que esperar el resultado actual del amparo o esperar al fallo y en ese momento impugnar y cuando garantice los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar”, explica Agustín Ramírez, abogado del despacho Ouraboros. “Para la SCT la situación es muy clara: tiene que seguir el procedimiento de licitación”.
