Por José F. Otero
Durante los pasados meses he tenido la oportunidad de reunirme con reguladores y ejecutivos de operadores de telecomunicaciones de toda América Latina y el Caribe. Indistintamente del país de origen, la principal preocupación de los reguladores era cómo impulsar mayor competencia en sus mercados con la llegada de nuevos jugadores.
Los operadores por su parte estaban preocupados sobre la regulación indiscriminadamente enfocada en atraer nuevos competidores, pero sin juzgar el impacto que tendrían a nivel nacional, simplemente no desean nuevos jugadores que limiten su participación a descremar el mercado.
Las conversaciones en Argentina con distintos representantes del gobierno se centraron en conversar sobre las alternativas que posee el gobierno para incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones fuera de las grandes urbes metropolitanas. Se les veía muy interesados en explorar los planes gubernamentales dirigidos a la expansión de fibra óptica de Chile, Perú y México.
El objetivo del gobierno es buscar la forma más rápida y barata para cumplir con lo estipulado en el aparentemente descartado plan de desarrollo de la pasada administración Argentina Conectada.
Lo anterior contrasta con la preocupación de un ejecutivo de las Bahamas que considera que el gobierno de su país otorgó enormes ventajas al segundo operador móvil que entró al mercado hace apenas unas pocas semanas. El fin del monopolio en servicios móviles de ese país concluye al imponer al operador establecido la obligación de dar roaming nacional a un competidor que al momento de lanzamiento contaba con cobertura en sólo una isla de este archipiélago con 30 islas habitadas de un total de 700.
Repetidamente me comentaba que sus nuevos competidores tendrían muy poco incentivo de colocar su propio punto de venta y aún menos interés en desplegar su propia infraestructura en muchas de las islas del país. Como he comentado anteriormente, cobertura no necesariamente significa competencia.
Las conversaciones con representantes de gobierno de Costa Rica y Jamaica se centraron en aspectos más sencillos: ¿cómo atraer a un competidor móvil dispuesto a invertir en el despliegue nacional de una nueva red móvil? Ambos mercados poseen niveles de penetración superiores a 100% y una cobertura de este servicio que llega a más de 90% de la población. En ambos países, como en la gran mayoría de los mercados del hemisferio, el mayor desafío que enfrenta cualquier empresa que desea construir una red móvil desde cero no es el despliegue de infraestructura sino el costo de adquisición de cada nuevo subscriptor y posteriormente el costo para retenerlo.
Si fuese barato adquirir clientes, los operadores móviles virtuales tendrían participaciones de mercado superiores a las que ostentan en la actualidad. Seguramente los reguladores terminarán entregando el espectro radioeléctrico destinado a un nuevo entrante a los operadores móviles presentes en su territorio.
Por otro lado, mis conversaciones con representantes del gobierno y de varios operadores de telecomunicaciones de Puerto Rico presentaron una preocupación que supera la actualidad de esta industria. La principal amenaza es el continuo éxodo de puertorriqueños que tratan de buscar una vida mejor en otras naciones.
La masiva emigración de puertorriqueños ha causado la pérdida de casi 10% de la población en menos de 10 años. Para colocarlo en términos de negocios, la reducción en población implica un declive en la demanda de servicios de telecomunicaciones. En un mercado con cinco operadores móviles y otros 60 prestadores de servicios, la reducción en población eventualmente dará paso a una reducción en el número de empresas, ya sea por inviabilidad económica o por una consolidación forzada por la realidad económica de este territorio perteneciente a Estados Unidos.
Vía Idet
