Por Gerardo Soria
Durante las últimas semanas hemos leído que demandas van, demandas vienen, entre Rivada Networks (Rivada) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La primera acusa a la segunda de corrupción durante el proceso de licitación de la Red Compartida en la banda de 700 MHz. La segunda pretende defenderse acusando a Rivada de perjudicar el prestigio y buen nombre del gobierno mexicano.
Lo curioso es que éste decidió demandar en Estados Unidos. El pretexto es que las oficinas centrales de Rivada están en ese país, aunque esto es irrelevante, ya que al presentar su oferta se sometió a los tribunales mexicanos, y un fallo de un juez en México puede perfectamente ser ejecutado en Estados Unidos. A mí me parece que en realidad pretenden neutralizar la demanda de Rivada, que también fue presentada en los Estados Unidos, y negociar algo a cambio de su silencio.
Sin duda es una apuesta arriesgada, sobre todo ahora que el gobierno de Estados Unidos utilizará cualquier pretexto para doblegar al de México, y el flanco de la corrupción es la parte más débil de nuestro sistema político. De entrada, las quejas de Declan Ganley, el director general de Rivada, suenan verosímiles. Recordemos que la SCT lleva todo el sexenio envuelta en escándalos de corrupción: tuvo que cancelar el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro, dada la participación de Grupo Higa en el consorcio ganador; Infra-Iber lleva años exponiendo audios y videos en los cuales involucra al titular de la SCT en presuntos actos de corrupción para favorecer a la española OHL en la operación del Viaducto Bicentenario; Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, reconoció en los Estados Unidos haber sobornado a funcionarios mexicanos; asimismo, algunos de sus proyectos han sido contratados precisamente por la SCT; el Wall Street Journal acusó a la SCT de cobrar sobornos para beneficiar a Comercializadora Milenio en la adjudicación de contratos para la compra de las televisiones digitales que se repartieron como parte del proceso de transición a la televisión digital terrestre, y un largo etcétera.
Por su parte, el Consorcio Altán, ganador de la Red Compartida, parece haber sido forzado en exceso: la mayoría del capital lo tienen fondos de inversión y no sabemos quiénes están detrás de ellos; la participación de Axtel y Megacable es mínima y parece un favor político para poder acreditar experiencia en el manejo de redes, cuando expresamente se limitó su injerencia en la operación de la Red Compartida. Sin la experiencia de ambas empresas, de todos los participantes en el consorcio, sólo una persona física de origen español tiene experiencia en telecomunicaciones; hay, además, un abogado, el cual, dada su alta participación accionaria en el consorcio, parece representar los intereses de alguien más; se incluyó también la participación de la banca de desarrollo y de afores. Aún más, a pesar de estar expresamente prohibido por la Ley de Vías Generales de Comunicación, todo indica que el gobierno de China participa indirectamente en el consorcio a través del Fondo México-China. Aunque el gobierno mexicano pretende utilizar la figura de inversión neutra para justificar esta inversión del gobierno chino, cabe mencionar que la figura es para permitir inversión extranjera privada en sectores que tienen limitaciones, lo que no es el caso del sector telecomunicaciones, que está abierto a 100 por ciento. Por tanto, la figura de inversión neutra no sirve para violar la prohibición expresa de que gobiernos extranjeros participen en nuestras redes de comunicación. En términos de la ley, esta inversión es nula y Rivada podrá demandar la nulidad.
Algunos opinan que la demanda de Rivada en Estados Unidos no prosperará y argumentan problemas de jurisdicción. Yo difiero de estas opiniones, dada mi experiencia en asuntos internacionales. Tradicionalmente Estados Unidos se considera competente para juzgar casos en los cuales el dinero en algún momento haya estado sujeto a su jurisdicción. Me parece que este es el caso.
Así las cosas, y, sin considerar la denegación de justicia a Rivada por parte de los tribunales mexicanos, el 2017 dará mucho de qué hablar respecto del proyecto Red Compartida. ¡Va a estar cardiaco!
Vía El Economista
