Por Gerardo Flores Ramírez
Está por concluir un año que quedará registrado en las crónicas de la historia de nuestro país como uno de enorme complejidad, por lo que hace tanto al entorno doméstico como al externo. En el sector telecomunicaciones, puede afirmarse que en este 2016 ha mostrado un buen desempeño, tanto en el crecimiento del mercado como en los precios de los servicios que enfrentan los usuarios finales, que continuaron su trayectoria descendente, acelerada a raíz de la reforma constitucional del 2013.
No obstante, a lo largo de los últimos meses he escrito en este espacio que no hay que confiarse por el hecho de que los índices que se utilizan para medir el crecimiento del sector muestren avances sostenidos, incluso por encima de lo que se reporta para la economía en su conjunto, pues mientras no se pueda observar un cambio de largo plazo en la estructura de mercado, seguiremos viviendo bajo el riesgo de que el sector vuelva a los niveles de concentración y de efectos perniciosos sobre el bienestar de los consumidores que se padecían previo a la reforma constitucional.
El 2017 no será menos complejo, eso ya lo sabemos. Por lo que hace al sector telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá resolver varios temas que inciden directamente en el estado de la competencia en este sector. Entre los temas de mayor relevancia están las medidas asimétricas que deberá imponer al agente económico preponderante en este sector, América Móvil; también está la decisión que deberá adoptar sobre la intención de Telcel de obtener los derechos de explotación de los 60 MHz que MVS tiene en concesión en la banda de 2.5 GHz, espectro radioeléctrico que este último agente lejos de intentar explotarlo, -siempre supimos- sólo pretendía especular con él, para ceder su explotación al mejor postor, cosa que pretende lograr ahora, si es que el IFT resuelve sin revisar con rigor las implicaciones de esta transacción.
No menos importante es la conclusión del procedimiento de sanción a Telmex y Dish por la concentración indebida, que no sólo omitieron notificar, sino que de manera reiterada negaron que hubiera ocurrido. Sobre este tema está pendiente que el IFT resuelva si el primero se benefició de manera indebida de la gratuidad del régimen must carry/must offer, cosa que la Constitución prohíbe expresamente y para lo cual dispone que la sanción es la revocación del título de concesión correspondiente.
De la misma manera, en el 2017 será necesario que el IFT haga pública una revisión objetiva del cumplimiento de las medidas de preponderancia impuestas en el 2014, donde reconozca qué fue lo que sí funcionó, qué no y las razones de ello. La sociedad y el Congreso de la Unión necesitan saber con precisión qué está funcionando en cuánto a la regulación de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, qué está fallando o qué ha fallado. Pretender hacer creer que todo ha funcionado de maravilla no es bueno y mucho menos útil.
En radiodifusión, el 2017 permitirá conocer quiénes están dispuestos a entrar, vía las licitaciones de estaciones de radio y de televisión que se llevan a cabo, a un sector que contrario a lo que ha ocurrido con el de telecomunicaciones, ha decrecido a partir de la reforma a una tasa promedio trimestral de 0.8 por ciento.
Todos estos temas hay que inscribirlos en el contexto de que concluye el periodo de cuatro años del actual comisionado presidente del IFT, por lo que el Senado de la República deberá elegir cuál de los siete comisionados deberá presidir este órgano regulador en los siguientes cuatro años. Por ello, no cabe duda de que el 2017 será un año complejo.
Vía El Economista