Por Javier Tejado
En dos temas de coyuntura, uno en el sector telecomunicaciones y otro en el ámbito electoral, están argumentando “excesos” en la libertad de expresión. Estos son:
* Aristegui contra los Vargas (y viceversa): desde que Carmen Aristegui salió de MVS-Radio los dichos entre la periodista y el corporativo MVS, de la familia Vargas, han subido de tono hasta llegar a todo tipo de litigios.
El último episodio ha versado sobre cómo Carmen Aristegui “excedió” su libertad de expresión al publicar en el prólogo de un libro una serie de expresiones que Joaquín Vargas Guajardo sintió difamatorias y por las que un juez de primera instancia en el DF le dio la razón.
Buena parte de los textos de Aristegui que molestaron a Vargas tienen que ver con temas de telecomunicaciones. En particular, Aristegui acusa que hubo “componendas” para darle un fallo favorable a MVS respecto a: i) el Must-Offer/Must Carry, lo que le permitía a MVS tomar las señales de Televisa y Tv Azteca; y ii) el rescate de la concesión y “prórroga al uso de la banda de 2.5 GHz”.
Ambos temas vuelven a la escena pública dado que la semana pasada América Móvil (Telcel-Telmex) anunció la adquisición de todo el espectro de la banda de 2.5 GHz que tiene MVS, sujeto a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El tema es relevante pues esta operación es central para probar que existió (o no) un acuerdo entre el gobierno y MVS en donde se le están facilitando asuntos millonarios en telecomunicaciones a los que no tendría derecho.
Y es que MVS logró obtener de la presente administración —sin pago de por medio— 60 MHz de un espectro muy valioso para telefonía móvil e internet móvil. Tenía como plazo finales de este año para hacer inversiones y usarlo, pero no hizo inversión alguna y en lugar de usarlo decidió venderlo a AMX. El monto de la operación no fue revelado, pero tomando en consideración las últimas licitaciones de espectro, el monto que se pagaría rondaría los mil 700 millones de pesos.
Ahora la operación deberá ser avalada por el IFT y lo que decida será utilizado por la periodista para intentar acreditar la “componenda”.
Hasta ahora el IFT no ha resuelto las sanciones que por violaciones a la Ley de Telecomunicaciones derivan de una operación que ya calificó como ilegal de ambas partes: la concentración indebida entre MVS y Telmex en DISH. Se antoja difícil que el IFT valide esta nueva operación en la 2.5 GHz sin antes resolver temas pendientes.
Adicional a lo anterior, en el título de concesión de MVS, respecto a estas frecuencias, se establece en la condición tercera “El Concesionario (MVS) no podrá usar, aprovechar o explotar directa o indirectamente (estas) frecuencias en asociación o a través de un tercer concesionario que haya sido declarado como agente económico preponderante o cualquiera de sus filiales….”, por lo que parecería también difícil que el IFT autorice una operación en la que el comprador (AMX) es el mismo al que se refieren las restricciones que se pusieron en 2013.
Así que MVS está empujando para llevar operaciones que sin lugar a dudas le son muy rentables. Operaciones que, por cierto, nunca antes otras autoridades aceptaron. En el desenlace de éstas irán los argumentos de la periodista para probar que hubo una “componenda” en su contra, por lo que la autoridad deberá cuidar cómo y cuándo resuelve.
De por medio no está sólo un litigio entre Aristegui y la familia Vargas. Está la independencia y profesionalismo de los organismos reguladores que operan en México, como el IFT. Peor momento para poner en duda su autonomía no existe. Ojalá lo entiendan los Comisionados del IFT y sepan que cualquier paso en falso será utilizado por los detractores de los organismos reguladores autónomos –que son muchos- para que en la contienda presidencial del 2018 se dé marcha atrás con todas sus autonomías en sectores claves del país: banca, energía, telecomunicaciones y competencia.
*El INE contra Moreno Valle: de llamar la atención cómo los tres consejeros de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron “amordazar” a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, para que no pueda decir que busca ser candidato a la Presidencia y para que no pueda promover sus logros de gobierno. No sólo parece una orden sin base legal alguna —para censurar— sino además hay muchos políticos que lo hacen, incluso con cargo a los propios spots del INE, con lo que la autoridad parece tener un doble rasero: a unos les permite decir y hacer todo lo quieren y a otros no.
Por si esto fuera poco, también el INE —por primera vez— está tratando de regular lo que se transmite en redes sociales pues han pedido que se borren de Internet apariciones de Moreno Valle.
Más allá de si les agrada o no Rafael Moreno Valle, es delicado que el INE trate ahora de decirle a los políticos qué decir, pero también al intentar manipular al Internet quieren decirnos qué podemos buscar y qué no se podrá encontrar. Como si estuviéramos en Cuba.
No todos los Consejeros del INE comparten el actuar inquisitorial de la Comisión de Quejas, pero en los siguientes días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá definir si estos actos de “censura” son válidos o no. Es la primera vez que algo así sucede en México, por lo que habrá que estar pendientes de un fallo de la mayor trascendencia.
No deja de llamar la atención que la queja presentada contra Moreno Valle fue elaborada por un “ciudadano”, aunque por la forma de la redacción, en el INE se la atribuyen a la representación del propio PAN ante este órgano. Así que el “fuego amigo” está a todo lo que da en el PAN y no tienen empacho alguno en ahora intentar regular hasta el Internet.
Ambos temas son muy delicados, al tratar de acotar la libertad de expresión de periodistas y de gobernantes. Quizá vale la pena retomar la decisión de la Suprema Corte propuesta por el Ministro Zaldívar en un caso emblemático para la libertad de expresión (Letras Libres Vs La Jornada, 2011):
“El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general… Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”.
Ojalá todas nuestras autoridades recordaran esto, sobre todo ahora que vendrán tiempos difíciles y que habrá intenciones de imponer visiones no necesariamente argumentadas, con lo que yo preferiría “excesos” —aunque no comparta sus argumentos— a que se coarte la libertad de expresión.
Vía EL Universal
