Por Luis Miguel Gonzáles, Claudia Juárez y Octavio Amador
Nos señalan por ser formalistas y sí, lo somos a mucha honra porque así de clara es la ley”, dice Mónica Aspe Bernal, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien defiende así la forma en que se condujo la secretaría en el proceso de licitación de la Red Compartida, en el que se descalificó al consorcio Rivada por no entregar a tiempo su garantía de seriedad para el concurso.
La titular del ramo de comunicaciones contestó así los señalamientos de la empresa quejosa, que ha acusado a la SCT de hacer una interpretación rigorista de las reglas de la licitación, lo que dejó a un solo participante en el camino: el consorcio Altán, que finalmente fue adjudicado con el contrato de la obra. “Cuando la ley es explícita, nos toca a los funcionarios seguir lo que explícitamente dice la ley, no generar interpretaciones distintas a lo que es claro a los ojos de todos, y entonces sí, el objetivo era ser formalistas”, enfatizó.
En entrevista con El Economista, la subsecretaria del ramo aseguró que el fallo de la licitación se mantiene firme, es válido, los actos que de éste deriven son legales, están surtiendo efectos y “seguimos avanzando”. En la subsecretaría que dirige hay plena confianza en que el Poder Judicial privilegie el interés general por encima del de un particular, con base en lo establecido en la ley de amparo, y no se otorgue suspensión alguna a Rivada, que interpuso un recurso legal contra la licitación.
Aspe insistió: las bases de licitación eran claras en cuanto a que sería causal de descalificación de los concursantes si la oferta técnica de su propuesta no incluye la garantía de seriedad. “No cabía espacio para presentar después el documento”.
El pasado 4 de noviembre, la SCT descalificó a la empresa Rivada del proceso de licitación para desarrollar y operar la Red Compartida, el proyecto más ambicioso del sexenio en materia de telecomunicaciones, por no haber entregado la garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos que establecían las bases, con lo que la propuesta técnica de la compañía fue declarada no solvente.
La funcionaria fue clara: la descalificación de Rivada no afectó la competencia, como aduce la empresa. La descalificación vino por un error del grupo y en todo momento la dependencia mantuvo las reglas, “únicamente aplicó la consecuencia de lo que ellos mismos hicieron, pero no afectó la competencia, porque ambos consorcios se sabían en el proceso, hicieron ofertas y en cada una ya iba el máximo esfuerzo de ambos consorcios en cuanto a cobertura”. Para la SCT, un indicador claro de que los principios de competencia operaron es que la oferta ganadora presentó en su oferta de despliegue de la red una cobertura poblacional de 92.2%, esto es 7.2 puntos porcentuales más que el umbral mínimo solicitado por la SCT, oferta que no se habría presentado si el consorcio ganador no se hubiera sabido en competencia contra Rivada.
No obstante, este último consorcio afirmó que su oferta de cobertura para la Red Compartida resultaba superior a 92.2% que ofreció Altán y acusó a la SCT de haber hecho de la licitación de la Red Compartida una adjudicación directa y pidió que diera a conocer el contenido de sus ofertas. Su documentación está en manos de un notario público y no de la secretaría.
Preparan respuesta
En la subsecretaría evalúan los medios legales a su alcance para hacer frente a las “declaraciones infundadas y de denostación hechas por Rivada, porque las acusaciones son negativas no sólo para el proceso sino para el gobierno mexicano”. “Un país de leyes se construye cumpliendo la ley y apegándose a las reglas cuando nos gusta y cuando no”, sentenció Mónica Aspe.
La SCT defendió su licitación, “histórica”. La licitación de la Red Compartida se llevó a cabo con transparencia y legalidad; Transparencia Mexicana entregará el dictamen del proceso una vez que Altán y Promtel hayan firmado el contrato de Asociación Público-Privada.
Vía El Economista
