Por Gerardo Flores
Tal como mencioné en mi última colaboración del 2016, en este nuevo año habrán de resolverse varios temas sensibles relativos al sector telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Están las nuevas medidas asimétricas a imponer a los agentes preponderantes tanto en el sector telecomunicaciones como en la radiodifusión. En ambos casos es de esperarse que se conozca una mejoría sustancial tanto en el diseño y alcance de las medidas, como en la supervisión de su cumplimiento.
Ya lo mencioné antes, la supervisión oportuna del cumplimiento efectivo de las medidas asimétricas, las medidas de preponderancia, resulta fundamental para que las mismas tengan eficacia. En este contexto, no debemos pasar por alto que el elevado nivel de concentración que aún se observa en el sector telecomunicaciones de nuestro país es producto de un deficiente andamiaje legal que resultó de una privatización de la entonces paraestatal Telmex y el subsecuente escenario previsto para la operación del nuevo ente privado mal diseñado. Es verdad que en aquel entonces se previó la entrada de nuevos jugadores al sector telecomunicaciones, al igual que lo previeron muchos países quienes también privatizaron sus empresas telefónicas propiedad del Estado. Sin embargo, en México las cosas resultaron muy distintas a las del resto de los países que emprendieron la misma aventura regulatoria.
Somos prácticamente el único país donde una misma empresa mantiene más de 60% del mercado fijo y del mercado móvil. Podrán construirse mil historias de que ello es producto del ingenio, la sagacidad o las buenas decisiones de inversión de quienes dirigen este agente económico, pero serán historias demasiado parciales si no reconocen que esta elevada participación de mercado es resultado de un marco regulatorio e institucional que fracasó en su objetivo de promover competencia efectiva en México. Durante años, Telmex y Telcel hicieron lo que quisieron con sus competidores, simulando que jugaban a competir, sin que la autoridad pudiera adoptar medidas que inhibieran de manera efectiva sus prácticas para controlar los mercados fijos y móvil.
Por eso fue necesaria la reforma constitucional y darle más poder a la autoridad reguladora. Es verdad que ha impulsado varias medidas o que ha tomado decisiones que buscan mejorar el desempeño regulatorio frente al pasado; sin embargo, en términos de concentración o de la erradicación de prácticas que apuestan al cansancio o la evaporación de las oportunidades de negocio por parte de los competidores, los resultados están a la vista: ha habido poca efectividad.
Ahí está el ejemplo reciente de cómo Telcel acordó adquirir los derechos de explotación del espectro de MVS en la banda de 2.5 Ghz, operación que se supone está sujeta a la aprobación del IFT. Lo menciono como ejemplo porque parece mentira, pero todo mundo da por hecha esta operación, y da por sentada la eventual aprobación del IFT. Sin embargo, ya lo he mencionado, las consecuencias para el escenario de competencia en nuestro país son importantes y son preocupantes. Llama la atención que hoy en día sólo conocemos la transacción con MVS, pero valdría la pena que Telcel informe a la opinión pública, a los inversionistas en el mercado de valores y al órgano regulador, si ya realizó operaciones similares con los demás concesionarios en esta misma banda en otras regiones del país donde MVS no era concesionario. Después de cerrada la transacción con MVS, es evidente que cualquier otro concesionario que no le hubiera cedido los derechos de explotación de ese mismo espectro a Telcel, seguramente será sometido bajo el yugo del músculo financiero que implica venderle a un jugador como éste. Insisto en que el IFT no debe aprobar estas transacciones o en su caso, aprobar una cesión parcial de espectro, pero no todo.
Hago votos para que el 2017 sea un año de mucho mayor efectividad por parte del IFT.
Vía El Economista
