Por Ramiro Tovar
Negar la existencia de implicaciones para el sector de telecomunicaciones por el resultado de la contienda electoral en Estados Unidos es riesgoso y temerario. Para las decisiones de inversión y las resoluciones regulatorias, existen desde ahora efectos innegables derivados del ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, y que han modificado variables económicas cruciales para el sector.
Bajo la administración de Trump se ha anticipado un incremento en el gasto público de Estados Unidos y una disminución en las tasas impositivas, lo que permite proyectar un incremento sustancial de su déficit fiscal y, por lo tanto, mayores niveles de endeudamiento y de inflación, lo que impulsará al alza las tasas de interés de referencia a considerar en los proyectos de telecomunicaciones. De igual forma, una mayor demanda por bonos de Estados Unidos, dados sus mayores rendimientos, aumentará la demanda por activos denominados en dólares y, por lo tanto, las monedas de los países emergentes se pueden seguir debilitando.
Ambos efectos (mayores tasas de interés y mayor valor del dólar americano respecto a monedas emergentes, entre ellas el peso mexicano), necesariamente ocasiona que el costo de capital para proyectos de telecomunicaciones se eleve y que los modelos de costos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) utiliza tengan que arrojar necesariamente tarifas mayores a las actualmente resueltas por esta entidad reguladora.
En este sentido, será inevitable tener un menor número de proyectos redituables en el sector. También es inevitable reconocer que tarifas resueltas en disputas entre concesionarios no podrán ser menores que las resueltas hasta ahora, incluso se deberían actualizar en su monto.
Los efectos de la incertidumbre del alcance de una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte provocará más daño que la misma situación final de tal renegociación, por lo que 2017 será un año mucho más difícil para planear proyectos de largo plazo intensivos en capital de naturaleza irreversible como los de telecomunicaciones.
El optimismo en el ámbito de la administración pública en México más bien parece un mecanismo de defensa o bloqueo mental ante la adversidad, que un posicionamiento derivado del conocimiento de la magnitud de la incertidumbre a la que se enfrentará a partir de enero de 2017 y durante 2018, que para colmo es un año electoral en México, con todo lo que ello implica.
Lo anterior se confirma con lo expresado por la Junta de Gobierno de Banxico en la minuta del 17 de noviembre donde dice: “el principal riesgo es que, considerando la incertidumbre que prevalece en el entorno externo, persista o se acentúe la depreciación de la moneda nacional y que ello pueda llegar a contaminar las expectativas de inflación y generar efectos de segundo orden que impacten adversamente el proceso de formación de precios. Asimismo, la mayoría notó que se ha incrementado el riesgo de que se observe un mayor traspaso de movimientos cambiarios a los precios, lo que algunos asociaron con el hecho de que es posible que el choque en el tipo de cambio sea de naturaleza permanente…”
Además, señala: “Entre los riesgos a la baja, la mayoría de los miembros destacó los asociados a políticas más proteccionistas en Estados Unidos, dado que es su principal socio comercial. Uno señaló los mayores obstáculos para el envío de remesas hacia México, y la posibilidad de que la situación actual ya esté incidiendo en algunas decisiones de inversión, en tanto que otro subrayó un ambiente menos propicio para la inversión extranjera en el país.”
Respecto al costo de capital en México, la minuta señala, “un integrante recalcó que la percepción de riesgo creditico soberano ha aumentado, incluso a niveles comparables con aquellos de economías con una categoría de inversión inferior a la mexicana”.
Mientras, en el otro lado de la frontera norte el enfoque del sector de telecomunicaciones en la administración Trump parece tener mayores elementos de conocimiento que en el resto de sus propuestas económicas. El presidente electo Trump nombró a Jeffrey Eisanach (académico del American Enterprise Institute) y a Mark Jamison (director del Public Utility Resource Center de la Universidad de Florida), sólidas figuras en la economía de la regulación y férreos oponentes de las medidas de neutralidad de la red aprobadas recientemente por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), como su equipo de transición en materia de telecomunicaciones. Tal parece que el único ámbito con congruencia económica en la próxima administración en EEUU será precisamente en telecomunicaciones.
El profesor Jamison ha expresado que la mayoría de las justificaciones para tener una entidad reguladora como la FCC han desaparecido y que el poder de mercado, que alguna vez existió, ahora es una circunstancia que rara vez puede ocurrir, si es que ocurre. Por sus antecedentes académicos, podemos esperar que el nuevo director de la FCC eliminará la “Open Internet Orden” de 2015 que ubica a Internet bajo un estricto régimen regulatorio, por lo que retornaría a una clasificación de servicios de los proveedores de acceso que habían permanecido, lo cual ha demostrado que no requieren de un tratamiento regulatorio estricto, incluso de excepción, para continuar su evolución en un entorno de mercado tal como ha ocurrido desde su advenimiento.
Los servicios finales de telecomunicaciones tienen como insumo indispensable los servicios mayoristas, conmutados y no conmutados, de acceso a las redes públicas, los cuales se comercian internacionalmente, como son los servicios de tráfico internacional de datos que incluyen los servicios de interconexión, fundamentales para el enlace a Internet por parte de los todos los concesionarios que ofrecen el servicio final de acceso a banda ancha a sus suscriptores o usuarios finales, por lo que los términos y condiciones del intercambio internacional o transfronterizo de tales servicios son fundamentales.
La amenaza de una guerra comercial, donde la mejor respuesta de un país a la imposición de aranceles a sus productos es imponer al menos el mismo arancel a los bienes que importa de dicho país, podría extenderse a los costos de los servicios comerciables internacionalmente, de los cuales depende la industria doméstica de las telecomunicaciones.
Como un ejemplo cercano, una modernización del Tratado de Libre Comercio puede incluir el comercio de servicios de información, tales como el comercio para suscripciones con proveedores OTT ahora no presentes en México, eliminando el bloqueo geográfico para los usuarios, lo cual sería procompetitivo dado que ampliaría aún más la oferta de contenidos accesibles por Internet.
Cabe recordar que si bien Trump ha interpretado erróneamente las causales del déficit comercial de bienes de Estados Unidos con México, la balanza de servicios de Estados Unidos tiene un superávit con México y las restricciones al libre comercio de servicios entre ambos países son mucho mayores que en el comercio de bienes.
Los servicios comerciados bajo la modalidad de comercio transfronterizo, o que un país provee a otro, participaron con 16 por ciento de las exportaciones e importaciones de servicios de Estados Unidos, entre los que figuran los servicios de telecomunicaciones que provee al resto del mundo.
Las exportaciones mundiales de servicios de telecomunicaciones alcanzaron un estimado de 115 mil millones de dólares en 2014, un crecimiento anual promedio de 9 por ciento a partir del 2000. Los cinco exportadores globales más grandes de servicios de telecomunicaciones son la Unión Europea con 64.8 por ciento, Estados Unidos con 17.9 por ciento, Kuwait con 4.2 por ciento y Canadá e India con 2.8 por ciento cada uno.
Por su parte, los cinco importadores de estos servicios más grandes son la Unión Europea con 70 por ciento, Estados Unidos con 12.4 por ciento, Rusia con 4.7 por ciento, Canadá con 2.9 por ciento y Japón con 2.3 por ciento.
La relevancia de Estados Unidos como exportador e importador en el comercio internacional de servicios de telecomunicaciones preocupa ante el muy posible giro de la política comercial de la administración de Trump y su posible uso como instrumento estratégico de negociación comercial. Las cifras indican que está generando un superávit en estos servicios. En 2014 exportó 13 mil 253 millones de dólares e importó 6 mil 610 millones de dólares.
Recordemos que en el comercio internacional de servicios de telecomunicaciones, a la fecha, México ha tenido un saldo favorable pero éste se ha ido reduciendo. En 2013 se tuvo un superávit comercial en telecomunicaciones; se registraron importaciones de tales servicios por 160.4 millones de dólares y se exportaron 197.2 millones de dólares. En 2015 el superávit se redujo por una contracción en el valor exportado y un incremento en el importado; el valor exportado fue de 159.5 millones de dólares y el valor importado fue de 157.3 millones de dólares.[1]
México (comercio en servicios de telecomunicaciones)
Fuente: WTO.
Cabe señalar que en el seno de la Organización Mundial de Comercio se tiene desde hace varios años un acuerdo básico en telecomunicaciones que establece y obliga a los gobiernos a otorgar acceso mutuo con el fin de tener mercados competitivos en telecomunicaciones y una política regulatoria en interconexión consistente con lo anterior. Sin embargo, aún los acuerdos considerados como inamovibles pueden ser sujetos a negociación bajo el giro comercial que ha propuesto Trump para su nueva relación comercial con el mundo.
Por nuestra parte, no podemos dejar de reconsiderar como acciones estratégicas lo relativo a la inversión extrajera en radiodifusión, la cual puede ser un elemento en la negociación; podemos homologar la tenencia de hasta 100 por ciento de la inversión extrajera en radiodifusión, como existe en telecomunicaciones a partir de la reforma, y con un criterio nacionalista pragmático establecer que sólo serán beneficiados de la regulación asimétrica establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los concesionarios con capital nacional mayoritario, por lo que operadores como AT&T no serían beneficiados de las consideraciones regulatorias diseñadas para incubar a nuevos competidores como fue el espíritu de la reforma.
Por lo anterior, todo parece indicar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no sólo debe reconsiderar sus resoluciones en los desacuerdos de tarifas de interconexión entre los concesionarios en congruencia con los movimientos en las tasas de interés y el tipo de cambio, así como en el mayor riesgo país, también deberá tener un rol proactivo en el eventual equipo negociador ante la próxima administración de Trump
Es limitado decir que la relación en telecomunicaciones con Estados Unidos se limita a la coordinación en el uso del espectro radioeléctrico en la zona fronteriza o que los acuerdos de cooperación van más allá de los cambios de administración.
La administración de Trump promete que nada garantiza una ortodoxia institucional y, mucho menos, confiar en la inmovilidad de los acuerdos existentes. Será una administración que bien puede optar por dejar todo como ha estado a la fecha respecto de los intercambios en materia de telecomunicaciones o bien modificar lo establecido y replantear todo. El IFT debe preparase para cualquier escenario y no ser pasivo y esperar a sólo ser reactivo y dejarse llevar por el devenir de los hechos.
Vía Media Telecom
