Por: Leo Zuckermann
Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias del IFT son absurdos y atentan en contra de la libertad de expresión.
A veces el peor enemigo de México no está en el extranjero sino dentro, para más señas en el gobierno. ¡Cómo les encanta a nuestras autoridades joder la vida! No hay duda: denle a una organización la facultad de regular y acabará sobrerregulando. Cómo no, si para eso es el poder, para que los burócratas se sientan como dioses sobre los humanos. Cómo no, si papá gobierno está para proteger al pueblo infantil, indefenso e idiota.
El último ejemplo de papá gobierno sobrerregulando son los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicados en el Diario Oficial el 21 de diciembre pasado. A partir del 1 de febrero, todos los que realizamos programas de noticias y/o opinión tendremos que cumplir estas reglas.
El artículo cinco le otorga 21 derechos a las audiencias que incluyen asuntos que en la práctica pueden acabar limitando la libre expresión. Desde mañana, por ejemplo, la audiencia de mi programa Es la hora de opinar tendrá el derecho de “recibir información con Veracidad y Oportunidad”. Perfecto. El problema es quién define estos dos conceptos abstractos, así puestos con mayúsculas.
Si alguno de mis televidentes considera que no hemos sido veraces u oportunos, nos podrán demandar. De acuerdo al artículo 71, el IFT investigará programas por oficio o “a petición de parte”. Cualquier ciudadano se puede inconformar. Muy bien. Comenzaría, así, un litigio. Con una diferencia: los costos del demandante los asumiría el Estado, a través del IFT, pero los del demandado los pagaría su producción o el concesionario. Debido al nuevo riesgo litigioso y los costos que entrañarían, las estaciones tendrán menos incentivos para poner al aire programas noticiosos o de opinión. Máxime si se toma en cuenta las posibles sanciones por no respetar los lineamientos que van desde multas del uno al tres por ciento de los ingresos anuales del concesionario a la suspensión temporal de transmisiones.
Ahora cualquier político que se sienta injustamente criticado en mi programa podrá argumentar que no fuimos veraces en la cobertura. Se quejaría en el IFT que, con dinero del contribuyente, sufragaría la demanda. Del otro lado, sin embargo, los costos los asumiría la televisora. En una de esas los burócratas del IFT incluso le dan la razón al demandante y la empresa acaba perdiendo un montón de dinero. ¿Quién, en su sano juicio, va a querer transmitir programas con un riesgo así?
Quedarían dos opciones: que los programas de noticias y opinión se hagan cada vez más descafeinados para evitar demandas o que de plano desaparezcan de la radio y televisión para trasladarse al internet (donde eventualmente papá gobierno los trataría de regular para seguir protegiendo a su pueblo infantil). La gran paradoja de los dichosos lineamientos es que las audiencias, en lugar de ganar, perderían espacios.
Otra perla más es el artículo 15. “Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla, de manera expresa y clara, que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta. También podrán implementarse acciones como la inclusión de plecas, cortinillas o pantallas completas que adviertan a las Audiencias sobre la diferenciación requerida”. Perfecto. Yo conduzco un programa sólo de opinión, así que todo debería considerarse como tal. No necesariamente, me informan los abogados, si la autoridad o algún demandante se pone quisquilloso. Para que no haya dudas, tendríamos que realizar la diferenciación. Por ejemplo: “La Conade demandó a Veracruz la devolución de mil 200 millones de pesos que no comprobaron. Hasta aquí la información. Ahora mi opinión. Se trata de otra pillería más de Javier Duarte, de la maldita corrupción que tanto daño nos ha hecho. Paso ahora la palabra a Aguilar Camín”. Aquí Héctor tendría que decir que en su opinión tal cosa, basada en tal información y así todos los invitados. Otra opción es que el productor se la pase poniendo y quitando plecas diferenciadoras con el riesgo de equivocarse y que nos demanden.
Yo al IFT, con todo respeto, le mando mi muy personal opinión sobre sus lineamientos: “Son absurdos y atentan en contra de la libertad de expresión. Si me demandan, buscaré la protección de mis derechos constitucionales en la Suprema Corte de Justicia. Señores consejeros, en lugar de comportarse como papás cuidando a niños idiotas, confíen en la inteligencia de las audiencias. Si la gente se siente ofendida por el contenido de un programa, pueden hacer algo muy sencillo: cambiarle de canal o apagarle a la radio o la televisión”. Hasta aquí mi opinión.
Vía: Excelsior
