Por Víctor Fuentes
El consorcio Rivada obtuvo una declaración que podría ser clave en su batalla legal para frenar la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT), proyecto de más de 7 mil millones de dólares que el Gobierno federal implementará en asociación con la empresa Altán.
Richard Keith, consultor que asesoró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el diseño del modelo de negocios de la RCT, fue interrogado el pasado 23 de diciembre en Charleston, Carolina del Sur, por abogados de Rivada que buscan probar que Altán tuvo acceso a información privilegiada.
La declaración se volvió relevante luego de que el 20 de diciembre un ejecutivo de la consultora Deloitte, Brett Haan, declaró en Washington que Keith le comentó en una cena que la oferta de Altán era “esencialmente una fotocopia del trabajo que hicimos en Deloitte, o una diferencia del uno por ciento”.
SCT rechazó de inmediato el dicho de Haan, y advirtió que había contratado al despacho Jones Day, uno de los más grandes del mundo, para demandar a Rivada.
El contenido de la declaración o documentos presentados por Keith no ha sido publicado, pero Rivada puede ofrecerlo como prueba ante la Jueza Segunda Especializada en Telecomunicaciones, Silvia Cerón, que este jueves resolverá si concede una suspensión definitiva para frenar la firma de los contratos de la RCT.
La jueza negó el 16 de diciembre la suspensión provisional y, como la implementación de la RCT es un mandato de la Constitución, es poco probable que conceda la suspensión definitiva, que congelaría el proyecto por tiempo indefinido.
Keith, quien encabeza la consultora Vision Next, se había opuesto a la declaración por la premura con que fue citado y porque estaría en riesgo de revelar información confidencial de su trabajo con la SCT.
Pero el 21 de diciembre el juez David C. Norton, de la Corte de Distrito en Charleston, ordenó proceder con la comparecencia de Keith -con ciertas restricciones-, luego de que Rivada la consideró “urgente” para reforzar su litigio en México.
El 28 de diciembre, Altán pidió al juez frenar el uso de la declaración de Keith para poder contrainterrogarlo, pero no ha obtenido respuesta.
La empresa dijo que se enteró de la intención de Rivada de interrogar a Keith por un artículo en el diario británico The Sunday Times, y que hasta el 27 de diciembre supo que la declaración ya había ocurrido.
“El señor Keith, presidente de una firma de consultoría, no tiene nada que ver con Altán, ni puede proteger a Altán respecto de los alegatos de Rivada”, sostuvo la firma.
Altán requiere obtener un título de concesión mayorista del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también hace falta una concesión en favor del órgano de SCT, que será su socia en la RCT.
El 27 de enero es la fecha límite para firmar los contratos.
Vía Reforma
