Por: Raíl Cremoux
Hubo un tiempo en que fue importante el espacio que los diarios y las revistas dedicaban a las opiniones, aclaraciones y reclamos de sus lectores. Eso prácticamente ya no existe. En radio y televisión, durante lustros ni siquiera se pensó en dar difusión a lo que pudiera externar la sociedad. La opinión, medida como rating, en contraste era definitiva pues esos datos iban (y así continúa) directamente al centro de las utilidades.
Hace años, en conferencias académicas, cursos universitarios, algunos comenzamos a hablar con insistencia del Derecho de Réplica.
Someramente se trataba de que el público tuviera la posibilidad de aclarar lo que a su juicio, consideraba lesivo a su nombre e intereses.
Escuetamente esa era en el pasado la herramienta defensiva que teníamos los mortales ante los grandes medios masivos de comunicación. Contábamos con una ley federal de radiocomunicación promulgada el 9 de enero de 1960. En ese documento, cuatro secretarías de Estado tenían participación en la reglamentación de los medios: Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Salud. Cada una era responsable de su espacio correspondiente. Con el advenimiento de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, se reconocieron “los derechos de las audiencias” que fueron establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto llevó a un precepto que obliga a distinguir la información de la opinión para con ello defender al público. En efecto, la idea es semejante a debatir sobre el sexo de los ángeles. La protesta de los medios concesionados fue inmediata. No así de los diarios que desde siempre han tenido páginas editoriales (opinión) que se separan claramente con las de información aunque nunca, en ninguna parte del planeta, se ha logrado llegar a la información veraz, sin ninguna carga de interés. Sí, hay diarios y emisoras que se han distinguido por ofrecer información obtenida en fuentes originales y verificadas en otras contrastantes para de este modo ofrecer más elementos que lleven a los lectores y a la audiencia a juicios reflexivos y maduros. Pero esto último no se da porque haya “derechos” de quien adquiere un diario o escucha y ve una radio o televisora”. Mejores medios son producto de la preparación, profesionalismo de redactores, productores y agentes participantes así como le receptividad de públicos exigentes y demandantes de servicios informativos de mayor calidad.
Aquí, en nuestro país, no es necesario que intervenga la consultoría jurídica de la Presidencia ni la Suprema Corte de Justicia para corregir el exceso en que cayó el Ifetel. Defender al público debería estar orientado a estimular mejores contenidos en todos los ámbitos, no sólo en los noticiarios, debates y diversos documentales.
Las series, novelas y películas televisivas están saturadas de violencia, narcohéroes y fruslerías insufribles que llevan una pedagogía adversa a una escala axiológica positiva y creadora de escenarios estimulantes entre niños y jóvenes. Las películas y narraciones de todos los órdenes, son interrumpidas hasta la náusea sin tener en cuenta lo que exigía el que fuera Reglamento de la Secretaría de Gobernación que impedía esos abusos; Educación Pública contaba con 30 minutos diarios o discontinuos para realizar tareas en su área; asimismo los comerciales sobre medicinas y otros anuncios estaban sujetos a la opinión de la Secretaría de Salud.
En el Ifetel, bien pudieran haber sabido que tratar de inmiscuirse, en los contenidos informativos siempre ha constituido un asunto delicado en el que invariablemente la libertad de expresión es tocada y se convierte en algo semejante al escándalo. ¿No tenían noticia de las veces que eso ocurrió en el pasado? Hay todo un inventario que arranca desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y pasa por todos los sexenios desde entonces.
La aspiración de establecer derechos de las audiencias en materia informativa y de opinión es tan inútil y estéril como tratar de reglamentar lo que ocurre en esta época en las redes sociales en Internet. Ese es un fenómeno que abarca todas las capas sociales y todas las edades y ahí pasa todo, absolutamente todo. En otras palabras, las audiencias se defienden de acuerdo con su grado de educación y conciencia. Ahí radican sus derechos…y también sus responsabilidades.
Vía. El Financiero