Por: Nicolás Lucas
El IFT dará más de 85,000 pesos a 15 estaciones de radio consideradas como sociales, pero éstas necesitan de más recursos para sobrevivir y difundir los valores culturales de los mexicanos.
Los 85,666 pesos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones asignará a cada una de 15 estaciones de radio para uso social de todo el país significan una acción que debe ser reconocida al órgano regulador en su cumplimiento con la ley, pero también es necesario que otras dependencias del gobierno federal y los poderes Legislativo y Judicial canalicen recursos a este tipo de emisoras cuya función es difundir y preservar valores culturales, así como atender a públicos muy definidos de mexicanos.
Ya desde este miércoles el IFT informó que destinará el equivalente al 1% del presupuesto anual de su área de comunicación y publicidad a aquellos operadores de radio indígena, social y comunitaria que hayan acreditado el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en el Artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que impide a estas estaciones de radio comercializar sus tiempos aire con fines comerciales, pero que también obliga a todas las dependencias federales, en su séptimo inciso, a apoyar la sostenibilidad financiera de dichas emisoras.
Los recursos que el regulador aporte con esta acción no sacarán del todo del atolladero económico en que se encuentran varias de esas estaciones por el impedimento de generar recursos propios con sus transmisiones. Sin embargo, suponen un precedente que las demás dependencias deben emular y también anima a esas organizaciones civiles a pelear por la vía judicial sus financiamientos, pues es su derecho y se los concede la LFTR en el Artículo 89 de su ley secundaria.
“Esto ahora puede parecer simbólico, pero sienta un precedente de que ninguna dependencia se debe desentender de la Ley. Todas las secretarías del Gobierno Federal están obligadas a destinar ese 1% de su presupuesto para la sostenibilidad de esas estaciones”, dice Erick Huerta, miembro del Consejo Consultivo del IFT. “Con este apoyo se gana un respiro y se pueden abrir más oportunidades”, agrega.
Una cantidad como pueden ser esos 85,666 pesos ayudará a las estaciones, por ejemplo, a pagar la cuenta de energía eléctrica consumida por estar al aire, en la medida de lo posible a mantener al día sus equipos de transmisión o para pensar en coberturas de eventos que sean del interés de las comunidades a las que se dirigen.
En un siguiente paso, el dinero podría ser utilizado para la generación en la propia estación de una publicidad que patrocine alguna dependencia y que se enfoque a un público específico, por ejemplo, un programa diseñado por la Comisión de Derechos Humanos cuyo objetivo sean los pueblos indígenas.
Por ahora, las 15 estaciones beneficiadas transmitirán anuncios del IFT, “pero no se trata de que transmitan sólo publicidad que ya transmiten otros medios, sino que difundan spots que sólo vayan dirigidos a esos públicos, como puede ser algo referente a los derechos de audiencias”, plantea Erick Huerta.
También hay retos que las organizaciones civiles e indígenas, por su parte, tendrán que rebasar para conseguir recursos de las dependencias federales, ya que las transferencias se realizan por vía electrónica y las comunidades, en muchas de las ocasiones, no cuentan con los mecanismos para gestionar los dineros.
“Ese es un problema. Sé de una estación que cumplía con todos los requisitos y mejor rechazó los recursos, porque no tenía una cuenta bancaria, ni contador y, entonces, en gestionar por todo eso se le habría ido el dinero. Le habría salido más cara la parte administrativa que sus propias transmisiones”, cuenta Erick Huerta, también activista muy relacionado con las estaciones de radio social.
El IFT cifra en una treintena de estaciones de tipo social las que tiene registrada en su censo; Huerta dice que además otras diez están en su última etapa de solicitar el registro ante el regulador, de las que siete son solicitudes para crear nuevas estaciones para comunidades indígenas.
En la cartera de las distintas dependencias federales existen los recursos suficientes para enviar una partida a las estaciones sociales. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tiene un presupuesto general de más de 267,600 millones de pesos para el 2017 y el de la Secretaría de Desarrollo Social supera los 105,000 millones de pesos.
Las Cámaras de Senadores y de Diputados, que aprobaron entre 2013 y 2014 que estas emisoras no pudieran levantar recursos con sus transmisiones propias, tienen un presupuesto para este año de 4,541 y de 7,629 millones de pesos, respectivamente, y continuamente son exhibidas por el uso indebido que hacen de los dineros de los mexicanos.
El presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el 2017 es de 1,980 millones de pesos.
Las dependencias federales están obligadas a patrocinar a estas estaciones de radio, “es obligatorio y si no lo hacen, incumplen la Ley”, insiste Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia.
Pero también es cierto, añade la jefa en Observacom, que los operadores de radio social no han podido mucho antes conseguir esos recursos debido a que “el principal obstáculo para exigirlo fue la lentitud con la que el IFT les dio la concesión social comunitaria o indígena”.
La entrega de recursos del IFT a la radio social se enmarca en un momento en que el regulador exhibió una tímida defensa de los derechos de las audiencias en el Congreso de la Unión, una coincidencia que Erick Huerta descarta como “un premio de consolación”, aunque tampoco desestima que desde la industria comercial broten comentarios por esta acción del regulador:
“De ninguna manera debe entenderse así. Es resultado de una serie de pláticas y trabajos, que coincidió con este momento. Lo importante es que se apoyará, en parte, su sostenibilidad. Y las emisoras comerciales no podrían decir nada; ellas se llevan esas enormes cuotas de la publicidad oficial, éstas no tienen un subsidio gubernamental y además brindan servicio que es de interés general en zonas donde, incluso, no hay otros prestadores de servicio. Su misión es acercar”.
Vía: El Economista
