Por: Redacción
En el último año se registraron 122 peticiones para ingresar al mecanismo; en el informe anterior la cifra fue de 104.
Las solicitudes para ingresar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo un incremento al pasar de 104 a 122, según datos de los dos últimos informes de gobierno.
De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el grueso de las solicitudes corresponde a trabajadores de los medios de comunicación con 70 casos, 12 más que el periodo anterior.
El documento da cuenta que del total de las solicitudes de medidas de protección, 83 se tramitaron por el procedimiento ordinario; 31, por extraordinario y en ocho casos no se incorporaron al mecanismo por no cumplir con los requisitos legales.
“Se presentaron 288 estudios de evaluación de riesgo a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en los que se acordó otorgar 45 medidas de protección en materia de infraestructura y 380 medidas implementadas en coordinación con autoridades estatales y municipales, a favor de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo de Protección”, detalló el informe presentado el pasado 1 de septiembre.
Con la administración de Chihuahua, el gobierno federal suscribió el Plan de Contingencia para prevenir las agresiones en contra de defensores y periodistas, aseguró que es una “medida extraordinaria” para atender “desde sus orígenes” la situación de violencia en el estado y el país.
El documento refiere que el plan se lleva a cabo con 53 acciones sobre periodistas y libertad de expresión; personas en situación de vulnerabilidad como mujeres, migrantes y grupos de la diversidad sexual; medio ambiente, sierra Tarahumara y estrategias transversales como justicia, transparencia en la información y marco legal.
En materia de procuración de justicia en delitos cometidos contra periodistas señaló que se determinaron 100 asuntos, 72.4% más que el periodo anterior, ejerciendo acción penal en 14 casos contra 25 personas.
“De ellos cinco por abuso de autoridad, cinco por lesiones y cuatro por robo, de igual forma se autorizó el no ejercicio de la acción penal en 27 indagatorias, en 22 investigaciones se aprobó la reserva y 37 se determinaron por incompetencia”, detalló.
Refirió que se dio inicio a 116 carpetas de investigación, 20 incompetencias internas de las delegaciones de la Procuraduría General de la República en las entidades en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
De las 116 carpetas de investigación, se judicializó un expediente y se obtuvieron cinco acuerdos reparatorios a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; hubo ocho acumulaciones, nueve archivos temporales, 15 incompetencias y dos abstenciones de investigar.
Al 30 de junio de este año, reportó el informe, están pendientes 142 carpetas de investigación.
Vía: El Economista