- El Instituto envió al Congreso de la Unión y a la SHCP un documento con un análisis sobre los impactos negativos derivados de la propuesta de incrementos a los derechos por el uso de espectro radioeléctrico.
- El documento describe cómo los altos cobros por el espectro radioeléctrico inhiben las inversiones, desincentivan la participación en procesos de licitación de espectro, se convierten en una barrera a la entrada a nuevos proveedores de servicios, inhiben las mejoras en calidad y ampliación de cobertura, pueden retrasar el despliegue de tecnologías de última generación y pueden provocar, incluso, incrementos en los precios de los servicios a los usuarios finales.
- Los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio, superiores en 60% a la media internacional (con base en una muestra que incluye a 40 países) y esta diferencia crecería a casi a 70% con los incrementos propuestos por la SHCP.
- El IFT busca, con los poderes de la Unión, fortalecer al sector de telecomunicaciones, que ha sido clave para enfrentar la pandemia por Covid-19 que nos aqueja, y que será necesario para la recuperación económica del país.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones envió hoy al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un documento sobre el impacto de los altos costos del espectro radioeléctrico que actualmente privan en México, y la necesidad de reducir los montos de los derechos fijados en la Ley Federal de Derechos (LFD) por el uso de este bien de dominio público.
En una primera sección, el documento señala que el espectro radioeléctrico es el insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico, por lo que su costo se vuelve un factor determinante en las posibilidades de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telefonía y acceso a Internet móviles. En este sentido, entre 2013 y 2019, el Instituto casi triplicó la cantidad asignada de espectro radioeléctrico para servicios móviles, al tiempo que las tarifas que pagan los usuarios por estos servicios se redujeron en un 43%.
Como se detalla en el documento, los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos anuales contenidos en la LFD, resultan en barreras a la entrada a nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública de espectro, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T y con todo el espectro de Telefónica para servicios móviles), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de quinta generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales.
Con base en la información presentada por el Instituto a la SHCP, es claro que los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio, superiores en 60% a la media internacional (con base en una muestra que incluye a 40 países) y que esta diferencia crecería a casi a 70% con los incrementos propuestos por la SHCP.
Los costos por el uso del espectro radioeléctrico en México se dividen en dos partes: un primer pago que corresponde a la contraprestación que recibe el Gobierno Federal por el otorgamiento de la concesión de espectro radioeléctrico (o, en su caso, por la prórroga de la concesión una vez concluida su vigencia), la cual es definida por el IFT; y el segundo, en pagos anuales, determinados por el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Derechos.
En junio de este año, el Instituto envió a la SHCP dos propuestas, una de modificación a la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de ajustarlos a la baja para que reflejen los costos de este recurso, con base en las mejores prácticas internacionales; y otra que presenta la opción de acreditar el pago de los derechos por el uso de las bandas de frecuencia correspondientes con inversiones en infraestructura de los concesionarios para llevar servicios móviles a poblaciones que hoy no cuentan con ellos.
El 8 de septiembre pasado, la SHCP envió al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, que incluye una iniciativa de reforma a la LFD para el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, a diferencia de la propuesta para reducir los montos de los derechos presentada por el Instituto, la Secretaría incluyó incrementos de 48% en dos de las bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2.5 GHz) y propuso valores 186% superiores a los propuestos por el IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, las cuales son propicias para el despliegue de los nuevos servicios de quinta generación o 5G).
Adicionalmente, la propuesta de la Secretaría de Hacienda consiste en que 80.5% del valor total de cada banda corresponda a los derechos anuales y que sólo el 19.5% corresponda al pago de la contraprestación por el otorgamiento de la concesión (o prórroga), cuando la media internacional resulta en que sólo el 30% del valor total de una banda de espectro radioeléctrico corresponde a los pagos anuales y el 70% restante a la contraprestación por el otorgamiento de la concesión.
Este hecho inhibiría la entrada de nuevos competidores al tener que pagar altos montos por los derechos anuales, independientemente del pago de la contraprestación que se obtenga del proceso de licitación correspondiente, y reforzaría la asimetría que existe en el mercado, ya que el impacto es mucho mayor para los operadores pequeños (nuevos o establecidos), en comparación con el que resiente el Agente Económico Preponderante en el sector de las Telecomunicaciones (AEPT), que logra distribuir mejor el costo entre su mayor número de usuarios.
El documento enviado hoy por el IFT al Congreso y la SHCP concluye que, lejos de representar un beneficio social, la propuesta de la SHCP tendría impactos negativos para la conectividad de la población, desincentivaría las inversiones y la participación en futuros procesos licitatorios, incrementaría la posición asimétrica del AEPT, limitaría las posibilidades de que se ofrezcan en México servicios de última generación (5G) y, además, no garantizaría que el Estado recibirá mayores ingresos por concepto de derechos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro y del posible regreso de mayores cantidades de espectro por parte de los actuales operadores.
El IFT comprende la necesidad de financiar el gasto público. Sin embargo, expresa su respetuosa preocupación por los efectos de corto y largo plazo en consumidores y en el desarrollo de un sector que ha demostrado ser clave durante la pandemia y para la posterior recuperación económica, por lo que muestra su absoluta disposición al diálogo franco con autoridades hacendarias y del H. Congreso de la Unión, para lo cual ha solicitado sendos espacios de interlocución.
Vía: IFT