Le cuento. El 9 de agosto del 2013, el Comité de Evaluación entregó al Ejecutivo Federal la lista de los aspirantes con mayores puntajes para su selección, mismos que después serían ratificados en el Senado. Desafortunadamente, como nunca dieron a conocer la lista completa de nombres y calificaciones, no hubo manera de que los ciudadanos comprobáramos que efectivamente la lista entregada al presidente incluía a los mejor calificados. Se publicó, sí, una lista como la arriba transcrita, que no contenía la relación de nombres y calificación de los aspirantes.
En agosto del 2013, un ciudadano, Guillermo Loaiza, presentó una solicitud al Comité de Evaluación para conocer los resultados de la evaluación aplicada a todos los aspirantes que obtuvieron el cargo de comisionado, incluyendo las respuestas correctas e incorrectas y la calificación obtenida en el proceso. En octubre del 2013 el Comité de Evaluación respondió que lo solicitado constituía información reservada. Obviamente querían ocultar la vergüenza de esos exámenes.
Ante la negativa, Loaiza presentó una demanda de amparo. El juez de distrito resolvió que considerar como información reservada tanto el resultado de los exámenes como el examen mismo, incluyendo los bancos de reactivos, no satisface ninguna necesidad social imperiosa ni ningún interés público imperativo, sino que sólo dota de la facultad de obrar en opacidad injustificable a ciertas autoridades. Por tanto, ordenó entregar la información, incluyendo los nombres de los comisionados, sus respuestas y calificaciones, y autorizó la entrega de calificaciones de los aspirantes pero reservando sus nombres.
El Comité de Evaluación, necio, impugnó el amparo concedido. El asunto llegó a la Suprema Corte, quien resolvió que la razón asistía a Loaiza y el Comité de Evaluación tendría que revelar las calificaciones que alcanzaron los comisionados.
A pesar del esfuerzo del señor Loaiza, no recuerdo haber visto publicadas en ningún lado las calificaciones de los comisionados del IFT, ni los exámenes o los reactivos que se les aplicaron para saber si están capacitados o no para ocupar ese puesto, ni tampoco si es cierto que ellos siete fueron los que obtuvieron las calificaciones más altas de entre todos los participantes en cada proceso de selección. Creo que es momento de darle seguimiento a la labor del señor Loaiza, aunque el asunto tenga que llegar otra vez a la Suprema Corte.
Es probable, también, que lo que el Comité de Evaluación pretende ocultar es lo absurdo de su examen, que aparentemente revuelve todo y fue diseñado para todólogos… o para ser manipulado. No hay manera de que un abogado resuelva una ecuación sobre la trayectoria de un satélite, como no hay manera de que un ingeniero conozca los principios generales de derecho en latín. ¿Qué esconde el Comité de Evaluación? Aquí le informaré.
Vía El Economista
