Por Carla Martínez
Objetivo, desplegar la infraestructura y llevar servicios móviles a todo el país; SCT e Indaabin buscan ofrecer acceso a 13 mil inmuebles para instalar equipo
El ganador de la licitación de la Red Compartida necesitará la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para desplegar la infraestructura y llevar servicios móviles a todo el país.
Dicha infraestructura consiste en al instalación de antenas y radiases para alcanzar la cobertura de 85% o más de la población a la que se comprometerá en el contrato de Asociación Público-Privada (APP) que firme con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Actualmente, las empresas que instalan torres y antenas como Telesites, de Grupo Carso, y Telxius, de Telefónica enfrentan barreras para instalar sus equipos ante la falta de experiencia y tiempos que deben cumplir nivel de gobiernos locales, comentó Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law. Mientras que American Tower, compañía con mayor experiencia y solamente dedicada a este tipo de infraestructura, enfrenta menores afectaciones, comentó.
Fuentes de la dependencia informaron que trabajan en paralelo para el acceso a inmuebles con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a postes y ductos con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y en la desregulación del uso de tipo de suelo con estados y municipios a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La SCT trabaja con el Indaabin en ofrecer el acceso a 13 mil inmuebles públicos, azoteas y terrenos para instalar equipo de telecomunicaciones.
Recientemente, la CRE dio a conocer que abrirá el uso del Sistema Eléctrico Nacional para que las empresas de telecomunicaciones lo utilicen para instalar su infraestructura, plan que incluye el acceso a 11 millones de postes en todo el país. Bravo mencionó que desde la aprobación de la reforma en telecomunicaciones se incluyó la obligación para que se faciliten los inmuebles y edificios públicos.
“Por lo tanto ya se tiene más de tres años que se contaba con esa instrucción en la Constitución y eso pudo implementarse mucho tiempo atrás”, indicó el analista. Esto habría abonado el avance en el despliegue de la red, ya que se sabría “en qué momento, sitios y tarifas de referencia de los servicios públicos, para que cuando empiece el despliegue eso ya estuviera claro, independientemente del modelo de negocio de las empresas de torres privadas”, dijo.
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que el jueves pasado se emitió la opinión en materia de competencia económica e influencia que requieren los consorcios interesados en participar en la licitación de la Red Compartida. En un comunicado, explicó que ayer las resoluciones fueron notificadas a los interesados en participar en el proceso.
vía El Universal
